La noche del 14 de julio de 2022, se filtró entre periodistas que cubren el triángulo norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) la más reciente versión de la lista de personas que han participado en corrupción y acciones antidemocráticas que compila cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos y que presenta al Congreso de ese país. La autenticidad de la lista fue confirmada por fuentes del gobierno estadounidense, quienes aseguraron también que la conocida como Lista Engel continúa en construcción.
Por: Ricardo Valencia *
La simple filtración de la lista empieza a provocar un terremoto político en toda la región, con un compilado de 61 nombres de individuos a quienes se les podría retirar la visa para entrar a Estados Unidos hasta por tres años. En la lista, los señalamientos del gobierno del presidente Joe Biden hacia individuos del Triángulo Norte de América Central van desde lavado de dinero para el narcotráfico hasta obstrucción de la justicia.
El documento está elaborado bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, con la que generalmente las personas enumeradas no son elegibles para visas y admisión al territorio, y sugiere que el gobierno de Biden está decidido a replicar en el triángulo norte la exitosa estrategia que logró la extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernandez, por cargos de narcotráfico. Hernández fue incluido en la Lista Engel en julio 2021, pero su nombre permaneció oculto hasta su salida de la presidencia, en enero de 2022.
Esta estrategia consiste en apuntar nombres de individuos cercanos al poder en El Salvador, Guatemala y Honduras, que pueden ser detonantes para juicios en Estados Unidos. Tal como le sucedió a Hernández, el Departamento de Justicia de ese país prepara una acusación formal contra dos funcionarios salvadoreños por sus negociaciones con pandillas transnacionales.
El espectro del caso Hernández parece ser el mayor instrumento de negociación de Washington en la región. Fuentes en el gobierno de Estados Unidos, que hablaron en condición de anonimato, me han confirmado que la sola posibilidad de ser incluido en la lista ha influido en votaciones hechas en los congresos de la región.
Como parte de las reacciones, Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas —partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele— en la Asamblea salvadoreña, confirmó la cancelación de su visa como parte de las sanciones de Estados Unidos, mientras el vicepresidente del Congreso de Honduras y miembro del oficialista partido Libre, Rasel Tomé, respondió que no le doblarían el brazo con la lista. Horas después, en su cuenta de Twitter, dijo que al comunicarse con el gobierno de Estados Unidos, este le había asegurado que no hay un listado oficial.
El limbo de tener una filtración auténtica, pero no oficial, nos permite hacer un análisis de cómo la estrategia aplicada con Hernández para la región toca diferentes fibras en Guatemala, Honduras y El Salvador.
En el caso de El Salvador, el gobierno de Estados Unidos se concentra en los operadores políticos alrededor de Nayib Bukele. Ha sancionado a Guevara, uno de los principales operadores legislativos de Bukele,;al estratega propagandístico de gobierno y secretario de Prensa, Ernesto Sanabria; y al actual ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
La sanción a Zelaya —negociador del gobierno con los organismos internacionales y asesor en el lanzamiento de los bonos Bitcoin— acelera la ruta de la economía salvadoreña hacia el impago de su deuda externa que se ha agudizado con la legalización del Bitcoin como moneda oficial en septiembre pasado. En total, siete de los funcionarios de Bukele han sido sancionados desde 2021. Es decir, la administración de Biden ha enfilado contra los operadores legislativo, el cerebro económico y el agitador principal del gobierno salvadoreño.
Sobre Guatemala, la lista se centra en nombres de funcionarios que han ayudado a desmantelar la institucionalidad del órgano judicial y a perseguir funcionarios de justicia críticos. Son mencionados la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del ministerio público, Rafael Curruchiche; y el juez Geisler Pérez. Como corolario de los nombres, se encuentra el exministro de Comunicación e Infraestructura, José Luis Benito, quien acusa al propio Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, de recibir contribuciones ilegales durante su campaña.
En el caso de Honduras, la mayoría de sancionados son exfuncionarios de las administraciones de los expresidentes Manuel Zelaya —esposo de la actual mandataria, Xiomara Castro— y Porfirio Lobo, sancionado por Estados Unidos. Pero también incluye a congresistas cercanos a Castro como Rasel Tomé y al diputado del partido oficialista Edgardo Casaña. A diferencia de Guatemala y El Salvador, los nombres más relevantes se centran más en administraciones pasadas que en la actual. Sin embargo, esto podría cambiar si exfuncionarios de Zelaya cooptan al Ejecutivo de la presidenta hondureña.
La estrategia de la administración Biden está clara pero, ¿funciona para proteger a la democracia y disminuir la corrupción en la región? La respuesta está por verse.
La escalada autoritaria de los presidentes Nayib Bukele y Alejandro Giammattei sugiere que los mandatarios cuestionados pueden sobrevivir a pesar de los señalamientos y la presión internacional. Por sí solas, las listas parecen insuficientes.
Sin embargo, el caso Juan Orlando Hernández apunta a que la presión externa e interna —esta última encabezada por movimientos democráticos— puede ayudar a proteger la desvencijada democracia centroamericana. Aunque, por lo que hemos visto, el acompañamiento interno en los países todavía es débil.
*Profesor asistente de la Universidad Estatal de California en Fullerton
Fuente: www.washingtonpost.com
