La actual gestión es producto de una heterogénea mezcla de factores sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que reúne a la vez una alta aceptación de parte de la ciudadanía de estas estrategias y a pesar de las implicaciones, a la par de un generalizado hastío del electorado, que admite como nunca que fuera una minoría la que decidiera por todos.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Ello sumado a una política consistentemente populista, ha consolidado la posición oficialista ante este particular electorado desinformado, que vota emocionalmente a la corriente electoral de la que más se habla, porque sí.
Es decir, el segmento que conformó la base electoral que aseguró el triunfo del oficialismo, no se destaca por instruirse, sino por responder a la hola del momento, al entusiasmo que la masa le aplique, lo que implica que las motivaciones son viscerales, y, para el caso expoliadas hábilmente en favor del proyecto oficialista.
Por otro lado, los consabidos arreglos con las pandillas que tanto éste como los gobiernos que le precedieron tuvieron, no solo se explican en términos electorales, también y sobre todo por la posibilidad de incidir en las comunidades a través de ellas. Esto porque las privatizaciones de los 90’s no solo redujo e incapacitó al estado en sus funciones, trasladándolas a los privados, sus aliados, lo que supuso en la práctica el abandono de los territorios de parte de este, y que derivó al mezclarse con las dinámicas sociales existentes, no solo en el crecimiento exponencial de las pandillas, también su cada vez más organizada injerencia en las comunidades hasta alcanzar el virtual dominio de estas.
Es decir; las privatizaciones suponen el abandono del estado tanto de la población como de los territorios, espacio que fuera ocupado por las pandillas y otras estructuras al margen de la ley; de ahí que estas asumen el papel de intermediarios que el propio estado les asigna al reconocerles mediante esas negociaciones, un peso político en términos electorales.
Sin embargo, esta indeseable relación política entre el estado a través de los partidos y estas mafias terroristas, toca a su fin luego que el actual gobierno estableciera que goza del suficiente respaldo de parte del electorado para, aunado al dominio del estado de parte de este, permitirse prescindir al menos por ahora, de tan impresentable relación.
Dicho de otro modo; al implementar el régimen de excepción el actual gobierno, recupera su incidencia en los territorios que antes abandonara por las privatizaciones, desembarazándose así de estas mafias, porque calcula que puede continuar con las garantías que le ofrece la F.A. además de los sólidos apoyos que esta política le reporta.
En este punto no olvidemos que el respaldo que se reserva el oficialismo lo constituye el voto electrónico y la gran posibilidad de manipular los resultados electorales venideros que ello le supone.
Todo se reduce entonces a cómo el régimen aprovecha el respaldo de las mayorías combinados con su dominio del estado para relevar a las pandillas del papel de aliados.
*Educador salvadoreño
