La Asamblea Legislativa aprobó por onceava ocasión la prórroga del estado de excepción para suspender por otros 30 días varias garantías constitucionales como parte del combate a las pandillas.
“Esta es la mejor decisión que hemos podido tomar, en conjunto los tres poderes del Estado, junto a la población, para combatir este gran problema social (de las pandillas)”, afirmó la diputada Suecy Callejas, del gobernante partido Nuevas Ideas (NI) y primera vicepresidenta del parlamento.
Durante más de tres horas gran parte de los 56 diputados oficialistas y sus aliados expusieron la noche del martes los éxitos en el ambiente de seguridad del país con la aplicación del decreto, aprobado por primera vez el 27 de marzo del año pasado en medio de una ola de asesinatos que sumó 84 en un fin de semana.
Los legisladores citaron datos de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la captura con el apoyo de la Fuerza Armada de 64 mil 111 pandilleros o “mareros” en el habla popular.
Añadieron que además las autoridades han decomisado 2 mil 326 armas de fuego; 2 mil 945 vehículos; 5.312 celulares y 1.7 millones de dólares, la moneda de curso legal en el país desde 2001.
La legisladora Lorena Fuentes, de NI, resaltó también que gracias a las políticas del presidente Nayib Bukele desde que tomó posesión el 1° de junio de 2019 El Salvador ha tenido 300 días sin homicidios, 199 de ellos durante la vigencia del régimen de excepción.
Fuentes y varios de sus compañeros subrayaron afirmaciones de Bukele sobre que El Salvador tiene la tasa de homicidios más baja de América con 1.8 por cada 100 mil habitantes, con lo cual se convirtió en el país más seguro de la región luego de décadas de ser considerado entre los más peligrosos del mundo.
La diputada Marlenis Funes, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), negó que el partido de izquierda se oponga al combate a la delincuencia sino su reclamo contra el régimen de excepción se basa en la indefensión legal de inocentes capturados durante las operaciones policiales.
La suspensión de garantías constitucionales requiere un mínimo de tres cuartas partes de los votos de los diputados electos, es decir, 63 de 84, y alcanzó 67 a favor, seis en contra y ocho abstenciones, mientras tres estuvieron ausentes.
Con el decreto quedan suspendidos por 30 días más los derechos de defensa, artículo 12 inciso segundo de la constitución; el plazo de detención de 72 horas, artículo 13 inciso segundo; y la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 24.
Fuente: Resumen Latinoamericano
