Que tenemos a la vista, en tanto que muchas cuestiones laborales son poco o nada transparentes, o reveladas sin toda la ética y transparencia del caso; y muy pocas acciones laborales que se conocen tienen realmente un beneficio claro para la población laboral.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Muchas de las cuestiones que se suscitan en materia laboral persiguen intereses que se alejan de los reales intereses que envuelven a las personas trabajadoras, por tanto, esos supuestos beneficios son toda una charada confusa y con pistas falsas, que logran generar expectativas en la gente que trabaja, esperando que la acción gubernamental o empresarial anunciada o aprobada traiga mejoramientos sustanciales a sus condiciones materiales de existencia, que son simples: empleo, estabilidad laboral y salarios decentes.
Hagamos una resumida recolección de noticias:
1°) Están los atrasos de varias alcaldías municipales en materia salarial, despidos, deterioro de condiciones en la relación laboral. Hasta ahora, tienen a su base la falta de fondos presupuestarios para el sostenimiento de su pago puntual. Lo que no queda claro es si por la reducción de los fondos fodes, son causal directa de la crisis en los bolsillos de las diferentes personas trabajadoras municipales. Actualmente se están generando grandes expectativas sobre la reducción de los municipios, lo que traerá como consecuencias una buena cantidad de despidos por “supresión de la oficina municipal”.
2°) Se anuncia con bombo y platillo la reforma previsional, se crecen expectativas luego de más de un año (sept2021) de estarla anunciando, los grupos sindicales clamaban por una reforma laboral muy en favor de quienes son los más afectados (actuales y nuevos pensionados); y la respuesta a la denuncia permanente de quienes son los beneficiados (sistema de las afp). Sin embargo, el proyecto de ley se introdujo con una celeridad sin saberse con certeza a donde apuntaba la reforma—resultado una ley exprés, sin análisis, ni diálogo social y sólo tomando en cuenta el coro de voces sindicales venales y, con el compromiso gubernamental de apoyo al actual Ministro de Trabajo.
Resultado de ello la desaparición del sistema público de pensiones SPP, y la derogación de la ley SAP y del INPEP, con despidos de más del 50% del personal. Y la clara conculcación de las libertades sindicales, tipificadas en la desarticulación del sindicato de dicha institución y la anulación ex profeso del contrato colectivo de trabajo. La reforma previsional es débil y no integra verdaderos estudios actuariales, así como un análisis de continuidad en el problema de la cobertura—prevaleciendo una alta proporción de personas trabajadoras que no cotizan y continuarán sin derechos previsionales.
3°) A medida que va acercándose el mes de mayo, las expectativas mueven los pisos laborales, en primera instancia está el proceso de los cinco convenios de la OIT. Los convenios ratificados por el Gobierno de El Salvador son el 102 que trata sobre la seguridad social, el 148 relativo al medio ambiente, el 154 referente a la negociación colectiva, el 183 que se refiere a la maternidad y el 190 que trata sobre la erradicación de la violencia y el acoso laboral. Que luego de su ratificación en mayo pasado, se va cumpliendo el año para que entren en vigencia y sean parte de la normativa laboral del país. El punto acá es que no se sabe mayor cuestión de este asunto. Y El Salvador continúa denunciado ante la OIT, y se hacen cabildeos pro gobierno en la tarea que se reduzcan o desvanezcan las sanciones para el país, pero sin mostrar cambios que den pie a la potenciación del diálogo social y el reforzamiento de las funciones dentro de un tripartismo sano e independiente.
Como 4°lugar, están las recientes reformas al pago de los servicios públicos, administrados por el Ministerio de Trabajo, que mensaje se manda al respecto: a) un Estado débil presupuestariamente hablando, sin recursos para ejercer una defensa ciudadana en sede administrativa en materia laboral; b) gravar los servicios públicos logísticos y las funciones públicas que le competen, puede girar hacia evitar que la organización sindical se desarrolle en las empresas públicas y privadas; c) así como debilitamientos en la justicia laboral administrativa, generación de arbitrariedades y abusos económicos, dilaciones crecientes, mayores costos laborales, pagos anticipados, o exoneraciones bajo de agua que fomenten la corrupción institucional.
Los efectos y consecuencias de todo este debilitamiento en materia laboral, tienden a desfavorecer a la parte débil de la relación laboral, y no se requiere otorgarle a la parte patronal pública y privada, mayores concesiones de sustentación de intereses propios, sino basta con debilitar la parte de defensa laboral—libertades sindicales—para dar mayor fortalecimiento a la parte dueña de los medios de producción, y reforzar así mayores niveles de deterioro en las relaciones laborales, mayor arbitrariedad y abusos laborales.
*Sindicalista salvadoreño
