Después de haber concluido el discurso presidencial de su cuarto año de gestión, las expectativas de las personas trabajadoras empezaron a surgir, el discurso sonó demagógico en cuanto se refirió a los elementos novedosos en las tres propuestas anunciadas en cuanto a la reducción de municipios; la reducción de diputados (as), y la más retórica la propuesta contra la corrupción.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
El discurso expresó que la reducción de municipios y el funcionamiento a base de distritos, era lógico pensar sobre su vinculación con la plantilla laboral—el discurso sin embargo pretendió aminorar el golpe—la cesantía laboral, el despido y la anulación de derechos laborales por ser una propuesta de un supuesto beneficio al país, por ende el sacrificio de las personas trabajadoras, debería considerarse como patriótico, en tanto la reforma es de mayor importancia para el país, que la estabilidad laboral y conservación del empleo—lo que implicaba apegarse a la gestión de Bukele, aun cuando la subsistencia de alguien estuviera en juego.
La demagogia se centró en referir a la ineptitud, incompetencia, abuso, alta discrecionalidad y elementos de la corrupción en el ejercicio de los gobiernos locales. La historia salvadoreña es rica en marcar el camino de los gobiernos locales como piñatas, garduñas donde se ha favorecido al régimen de partidos políticos, en detrimento de los intereses de la población local.
Se dijo también que en los distritos funcionarán los servicios municipales que la población requiere; por ende, no debería haber más preocupación que la medida tenga el respaldo necesario de la Asamblea Legislativa para aprobar tales propuestas; y ¿quizás del pueblo?
Además, para justificar tal propuesta, la misma se centró en que los Concejos Municipales no hacen nada o muy poco, y que en mucho hay anomalías o situaciones turbias, que afectan la funcionalidad del municipio; y que hay un sinfín de asesores, el asesor del asesor y una buena cantidad de funcionarios que simplemente son carga presupuestal y no ayudan a un ejercicio sano de la municipalidad. Con esto se quería decir que no iba a ser afectada la plantilla laboral que cumple con los servicios municipales a la población.
Sin embargo, el hervidero de la medida, está cosechando lo que quizás no se dijo, la cesantía de mucho personal de puestos diversos de las diferentes áreas municipales como servicios generales, recolectores de basura, administrativos y otros de menor categoría. Las denuncias, demandas y reclamos por acciones de despido, de cesantía por diversos motivos recogen que mucho antes de implementarse, los recortes de personal se están evidenciado, y las justificaciones y sobre todo la legalidad de tales acciones brillan por su ausencia. Parece ser que toca sin más interponer las demandas ante el juzgado de la localidad, que pueda ventilar el asunto de los despidos injustos e ilegales, y con la incertidumbre de la sede jurisdiccional.
Por otro lado, la denuncia ante la comunidad nacional, y las acciones que pretenden responder a las arbitrariedades del alcalde o alcaldesa y/o del Consejo Municipal, están surgiendo y van en una importante escalada; la organización sindical en las municipalidades, es momento que empiece a actuar con la concordancia de la gravedad de la situación.
Los casos de pasar de ser un municipio a ser un distrito, qué estaría implicando, en lo que se relaciona con los servicios a la población, no están claros y la falta de entendimiento y diálogo social con los afectados de parte de la municipalidad no existe. Es decir, una absoluta falta de transición justa.
Al parecer lo que ha venido sucediendo son arbitrariedades, abusos de poder, de parte de las autoridades municipales; argumentando falta de recursos económicos para el municipio, o decisiones unilaterales de la Presidencia, por otro lado las acciones de afectación de servicios como la recolección de los desechos sólidos, y el cierre de la municipalidad de áreas determinadas por horas, días, semanas, meses son las formas tradicionales de defensa laboral; sin embargo los conflictos laborales en las municipalidades son cosa de todos los días, atrasos salariales, no otorgamiento de diversas prestaciones socio-laborales, atrasos o incumplimientos en los derechos laborales como el no enteramiento de las cuotas a la salud (ISSS) y previsionales (afp), al pago de cuotas de préstamos en diversas instituciones bancarias, cooperativas, etc. Esto es algo que no sorprende a nadie.
En concreto la medida anunciada por la Presidencia, busca la anulación de lógicas municipales que han prevalecido por el orden constitucional imperantes, y sobre todo partidarias que implican jaloneos, disputas de poder, apropiación de recursos de la deuda política, financiamientos poco o nada claros de campañas, y la anulación de los famosos consejos plurales—que no han tenido una práctica municipal democrática, ni efectiva y eficiente para dirimir el mejoramiento de los intereses de la localidad entre los diversos intereses partidarios.
Pero el problema es que no se van con la propuesta quienes han usufructuado la propiedad pública y asuntos municipales, sino que las personas trabajadoras son las cesadas, despedidas, anuladas en sus derechos laborales y la medida de reducción de los municipios no se ve donde se aplica el detalle sobre la persecución de la corrupción municipal.
*Sindicalista salvadoreño
