El debate Constitucional en El Salvador es ahora, sobre la legitimidad del modelo de Gobierno y no, sobre su continuidad en el ejercicio del Poder, por un mismo Gobierno. Este debate se debe, al rompimiento constitucional, por parte del TSE, al haber inscrito las candidaturas de Nayib Bukele y Félix Ulloa, siendo presidente y vicepresidente, en ejercicio de su función.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El Derecho Constitucional, es más amplio que la propia Constitución, pues abarca la legislación electoral y los principios fundamentales de los Derechos Humanos. La inscripción inconstitucional de Nayib Bukele y Félix Ulloa, substrae su candidatura de la mera elección, a un debate de orden Constitucional: la equiparación de la ilegalidad, con la legalidad, avalada, por la institucionalidad del Estado.
O sea, que su inscripción, avalada inicialmente por Nuevas Ideas y luego, por el TSE, ha aceptado el transfuguismo formal, en una estructuración de hecho, de partidos afines al Gobierno, en contravención constitucional, aceptada frente a una oposición, apegada al Derecho. El aceptar esta situación, por parte del TSE, como organismo colegiado, no refleja la posición de los partidos de oposición, allí representados, como vigilantes del proceso electoral, lo cual afirma el rompimiento del Derecho y la legitimidad del proceso electoral.
El planteamiento paulatino de esta polémica, ha sido iniciado, con la aceptación de la eliminación de 262 municipios, convocados previamente a elecciones, por 44 nuevos municipios inexistentes, que cobrarán vida el día 3 de marzo de 2024. Encontrándose hoy en un período de “gestación” o acomodo, en el cual el Órgano Ejecutivo, va tomando muchas funciones municipales: registro de personas, catastro, obras municipales, presupuesto, autonomía etc.
Competir electoralmente, en paridad de condiciones, entre candidatos legales e ilegales, contamina de origen, la elección, pudiendo al final, “legitimar” el cambio jurídico y, con este, el Constitucional. Las candidaturas estarán sometidas a un árbitro adverso; el TSE, si ha roto los mayores principios electorales, seguramente romperá a conveniencia del oficialismo, la legislación secundaria.
Para su existencia, la República exige un proceso de transmisión de poder, basado en el apego a un sistema preestablecido de Derecho y, aunque este puede cambiarse, a voluntad del mismo Estado, por el Gobierno, exige que sus reglas sean aprobadas de forma legal, en cuanto a forma y fondo y, un rompimiento de este principio, contamina todo el sistema constitucional y, pone en riesgo, la elección de funcionarios, cuyas candidaturas pertenecen a la oposición, pues se tendría un “árbitro” parcial, a favor del oficialismo.
La contaminación de este proceso, puede afectar a sólo los candidatos presidenciales o, puede deslegitimizar todas las elecciones, según sean los argumentos esgrimidos. Esto dependerá de los políticos y no, de los Abogados, pues el ejercicio de la fuerza, ha anulado el Derecho y, las acciones a considerar, no se encuentran dentro del marco que la Ley establece, sobre todo si el Gobierno autoritario pretende encasillar las acciones de la República a su favor o, para un beneficio personal, ajeno a la naturaleza del Bien Común, que es propiedad de la colectividad.
El temor individual, de no ser electo, puede nublar la visión jurídica y política general, sin embargo, todo candidato e instituto político, tiene que razonar sobre este particular, sin importar su ideología o su naturaleza. De dicho razonamiento, puede depender la legitimación o no, del régimen dictatorial y con ello va el destino de toda la nación, pues la actividad económica nacional, está siendo absorbida por los allegados al Gobierno, aprovechando su posición de poder, mientras se utiliza el régimen de excepción, como la fuente formal de coercibilidad, para controlar a la población y a la disidencia.
