Con el expresidente, Brasil pasó a ser el mayor consumidor mundial de agrotóxicos.
Por: Javier Vadell
El gobierno de Jair Mesias Bolsonaro en Brasil (2019-2022) fue un verdadero paradigma de gobierno de extrema derecha periférica en la región por la relevancia que este país continental tiene en la economía internacional y en la geopolítica regional y global.
Una característica de los gobiernos de derecha y extrema derecha periféricos es la defensa, casi dogmática, de los principios de la libertad económica (neoliberalismo económico) en casi todos los aspectos que involucran a la sociedad, que la narrativa la equipara a un gran mercado. Este aspecto siempre fue defendido por Bolsonaro, desde su primera campaña política, que lo catapultó a la presidencia.
Durante su gobierno, Brasil alcanzó un lamentable récord. Se convirtió en el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo gracias al impulso que le dio la aprobación de 505 registros de pesticidas en el año 2022, según los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA). Esos registros apuntan que el gobierno brasileño autorizó 2.181 nuevos registros entre 2019 y 2022 ¿Qué innovaciones trajo aparejado el abordaje bolsonarista de los pesticidas/agrotóxicos? ¿Como está la situación legal en el gobierno Lula, asumido hace poco más de un año?
En primer lugar, vale la pena destacar que el producto utilizado para controlar plagas y enfermedades en los cultivos es conocido mundialmente como pesticida; no obstante, Brasil es el único país que adoptó su propia nomenclatura para este producto: agrotóxico. El término fue acuñado por el investigador Adilson Paschoal en la década de 1970 y adoptado por el gobierno federal de Brasil en la Ley 7802 del 11 de julio de 1989, conocida como ley de los agrotóxicos.
En segundo lugar, la evolución en el abordaje permisivo de agrotóxicos está apoyada en el soporte ideológico de un neoliberalismo recargado, que sustenta la idea de una desregulación con apertura de mercado amplia y reforzada con un negacionismo científico de carácter casi mesiánico, cuyo abanico comprende desde la forma de lidiar con la pandemia de Covid-19 a las cuestiones de cambio climático y con la utilización y explotación de los recursos de la tierra.
De esta manera, hay un consenso entre investigadores y especialistas del tema agrícola y de los agrotóxicos acerca de que las políticas del gobierno Bolsonaro profundizaron y aceleraron los mecanismos de permisibilidad del uso e importación de esos productos en cantidades alarmantes. Brasil los importa esencialmente de la Unión Europea, donde, paradojalmente, estos pesticidas, en su inmensa mayoría, fueron prohibidos desde inicios del siglo XXI.
Nueva Derecha y agronegocios
Según la geógrafa Yamila Goldfarb, la extrema derecha brasileña nació, creció y se fortaleció aliada a los intereses del agronegocio. Consiguió realizar el “trabajo sucio” que el capital internacional necesitaba en este momento histórico para abrir camino para la mercantilización de la tierra y los bienes comunes o comunitarios, preservados por la constitución brasileña de 1988.
Esto significó avanzar sobre los territorios de las poblaciones campesinas y los pueblos originarios, ya sea mediante el uso de la fuerza o del poder legislativo. No obstante, como destacan los investigadores Thiago Lima y Yamila Goldfarb, los sectores ligados al agronegocio no son compactos en sus reivindicaciones y defensas corporativas. Ellos reflejan las contradicciones de las políticas de desforestación y el abordaje negacionista de Bolsonaro con las demandas internacionales por economías de exploración más sustentable. Caer en un negacionismo extremo, que permita la explotación indiscriminada de la tierra y la biodiversidad para imponer monocultivos, puede estimular sanciones internacionales de los grandes compradores de productos agrícolas. Muchos sectores del agronegocio brasileño saben de esta situación, destacan Lima y Goldfarb.
De cualquier manera, fue el sector agrícola más concentrado –representado por grandes propietarios de tierras de los Estados Mato Grosso, Paraná, Goiás y Mato Grosso do Sul– que lideró la defensa de la flexibilización para el uso de agrotóxicos en Brasil. El ápice llegó en 2022, con el proyecto de ley (PL) del entonces senador Blairo Maggi, empresario agrícola y ex ministro de Agricultura de Michel Temer (2016-2019). Este proyecto sería aprobado por el Congreso con muchas modificaciones a lo largo de los últimos años.
El proyecto comenzó con solo dos artículos y terminó con 60, con gran apoyo del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro. El PL 6299/2022 es conocido también como el “paquete del veneno” y permite realizar una amplia flexibilización de las regulaciones, concentrando las decisiones en el Ministerio de Agricultura, nicho del poder real de los sectores del agronegocio brasileño. Algunos puntos para destacar son:
• Se cambia el nombre de “pesticida/agrotóxico” por el de “defensivo fitosanitario”, ocultando el riesgo real de estos productos;
• Se autoriza el registro de agrotóxicos que tienen incidencia perjudicial para la salud: cancerígenos, que causan daño al material genético, que inciden en el sistema reproductivo y hormonal de las personas y que provocan malformaciones fetales (muchos de esos productos son prohibidos en Europa);
• Crea el RET (Registro Temporal Especial) y la AT (Autorización Temporal) para cualquier producto que haya sido aprobado en cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tercerizando y descalificando la investigación científica brasileña y desconociendo las características únicas de la biodiversidad de Brasil;
• Se elimina la competencia de los estados y municipios para elaborar leyes más específicas y restrictivas, vulnerando el pacto federativo establecido;
• Se define que el Ministerio de Agricultura será el único agente del Estado responsable del registro, destruyendo el acuerdo de 1989 de controles tripartitos juntamente con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), del Ministerio de Salud, y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), dependiente del Ministerio del Medio Ambiente;
• Las agencias de salud ya no tendrán autonomía para publicar datos de análisis de agrotóxicos en alimentos, como lo han venido haciendo en los últimos años
Entre otros cambios, el proyecto de ley prevé la creación de un riesgo aceptable para las sustancias cuyo registro está actualmente prohibido por tener efectos relacionados con el desarrollo de cáncer, alteraciones hormonales, problemas reproductivos o daños genéticos.
¿Como está la situación actual? El presidente Lula sancionó con 14 vetos el proyecto de ley (PL 6299/02) que trata del control, fiscalización e inspección de agrotóxicos en Brasil. El texto había sido aprobado por la Cámara de Diputados en 2022 y en 2023 por el Senado. La justificativa del poder ejecutivo fue impulsada “por el propósito de asegurar una adecuada integración entre las necesidades productivas, la protección de la salud y el equilibrio ambiental”.
Los vetos enfocan en una reversión de la liberalización y uso de agrotóxicos como un refuerzo de los mecanismos de control, desactivados y desfinanciados por el gobierno Bolsonaro. Un veto, específicamente, es el que retiraba del IBAMA y de la ANVISA las responsabilidades relativas al seguimiento del uso de plaguicidas, transfiriendo las responsabilidades exclusivamente al Ministerio de Agricultura. La postura del gobierno Lula es volver a las regulaciones tripartitas, como fue establecido en 1989.
La Presidencia también vetó un extracto del artículo 41, por considerar que “afectaría el derecho de los consumidores a la información sobre la prohibición de reutilizar envases de plaguicidas”. También fue vetado el artículo que crea una tarifa cuyo “hecho generativo es la prestación efectiva de servicios de evaluación y registro de plaguicidas”. “El dispositivo no preveía la base de cálculo, requisito indispensable para la validez de las normas que imponen los impuestos”, dice.
Si consideramos que más de 320 diputados, de un total de 513, y 50 senadores, de un total de 81, conforman el Frente Parlamentar da Agropecuario (FPA) tendremos la real dimensión del poder político que posee la denominada “bancada ruralista” de Brasil. No obstante, no siempre unificada en sus intereses y demandas, en su mayoría estuvo alineada a las políticas de desregulación del gobierno Bolsonaro. Lo que notamos es que el actual gobierno Lula pretende colocar diques de contención y navegar por los intersticios políticos para conseguir acuerdos más sustentables.
El doble rasero del Norte Global sobre los agrotóxicos y perspectivas para el Sur Global
Desde luego todas estas políticas desregulatorias tienen beneficiarios, entre ellos algunos grupos concentrados locales, que inclusive no vieron afectados sus negocios en la peor época de la pandemia de Covid-19, como destacó una empresaria agrícola.
Según el Atlas de los agrotóxicos, desde 2015 Brasil consume aproximadamente 20% de todos los pesticidas producidos en el mundo. El crecimiento se mantuvo constante desde el año 2000, con una elevación considerable a partir de 2009. En la utilización en los cultivos, la soja está en primer lugar, seguidos por el maíz y la caña de azúcar. Las tres culturas representan más del 70% de la utilización de los agrotóxicos comercializados.
Si bien el crecimiento de los agrotóxicos en todo el mundo se duplicó entre los años 2000 a 2010, en Brasil creció un 200%. La mitad del total de pesticidas correspondió al Glifosato. Una característica es que casi el 90% de esos productos químicos autorizados durante el gobierno de Bolsonaro se fabrican fuera de Brasil, es decir que menos del 13% de estos productos son hechos dentro del país.
Como si no bastase, estos productos también tuvieron exenciones arancelarias de alrededor de 30% además de incentivos fiscales que alcanzaron los 3.000 millones de dólares y promovieron una transferencia de riquezas hacia los sectores concentrados y una dependencia preocupante de agrotóxicos producidos en el exterior y, en su mayoría, prohibidos en Europa.
En este sentido, el “Atlas de los Pesticidas” (en la versión en portugués está escrito agrotóxicos) de la Fundación Heinrich Boll de 2023, destaca varios puntos interesantes de este problema. Uno de ellos tiene que ver con la geografía de los agrotóxicos: “hay pesticidas que no están permitidos en Europa por motivos ecológicos o sanitarios que de todos modos se producen allí y se exportan a otros países. En este negocio participan empresas europeas”.
Desde 2011, la Unión Europea (UE) implantó un marco más restrictivo sobre el asunto, pero no prohibió la exportación de esos productos a otras regiones del mundo. La Agencia Europea de Químicos lo autoriza . Por esa razón, las grandes empresas oligopólicas tendieron a reasignar parte de su producción a mercados menos restrictivos, como es el caso de Brasil, cuya tendencia a la permisibilidad, como observamos, se aceleró durante el gobierno Bolsonaro.
Como destacó la investigadora Larissa Bombardi, las empresas fabricantes de agroquímicos son organizadas oligopólicamente y mantienen la producción y la comercialización de sus ingredientes activos conforme la permisibilidad de la legislación o aplicación de ella de cada país. La concentración oligopólica se evidencia en los últimos años. Según el Atlas, en 2023, cuatro corporaciones (Syngenta Group, Bayer, Corteva y BASF) del Norte Global controlan el 70% del mercado mundial de agrotóxicos, mientras 25 años antes su participación era solo el 29%.
Con el pasar del tiempo, en el transcurso del siglo XXI, fue desarrollándose una doble dinámica en la geografía desigual de los agrotóxicos. Según Bombardi, los oligopolios del sector buscan las facilidades ambientales y regulatorias en los países periféricos, impulsando un proceso de externalización de la producción en la fase final de su ciclo de vida con leyes cada vez más restrictivas en los países de origen. De los 645 productos que recibieron licencias del gobierno de Bolsonaro, 311 tienen componentes prohibidos en la UE por razones sanitarias o ambientales.
Esta tendencia, librada a las fuerzas de mercado de la globalización neoliberal, confluye en una intersección entre intereses locales y globales que invita a la reflexión. Los intereses corporativos de los productores de agrotóxicos que exportan desde Europa (UE y Reino Unido) son funcionales con la agenda política de las nuevas derechas de América Latina, que defienden el dogma del liberalismo económico más radical.
El Brasil agrícola de los años bolsonaristas puede tornarse el reflejo de la Argentina de Milei, donde las corporaciones hallarán, si las iniciativas liberalización y desregulación amplia consiguen ser implementadas, un mercado más atrayente aún para la industria de los agrotóxicos.
Esta dinámica transforma al Sur Global en general, y a América Latina en particular, liderada por Brasil, en el basurero mundial de los agrotóxicos. En esta geografía desigual, este proceso es una muestra clara de la trampa agroexportadora, cuyos abanderados de la nueva derecha depositan sus recursos políticos en bloques bien articulados con la sociedad y con los agentes externos que consolidan una especie de colonialismo químico.
