Tapadón de hocico” es un muy común encabezado con el que muchos personajes de la nueva farándula cibernética (autodenominados productores de contenido) tratan de llamar la atención de los navegantes del ciberespacio para que, como consecuencia de esa mórbida compulsión por la chismografía o por la natural curiosidad de la especie humana, los eventuales visitantes le den “clic” al dispositivo, anotándole al instante una “visualización” más a esos canales amarillistas, muchas veces simples e infames troles.
Por: Miguel Blandino
Ese nada extraordinario anzuelo es utilizado con muchísima más frecuencia de la que recomendaría un profesional de la comunicación a quienes realmente buscan provocar un impacto que atraiga las miradas y causar un efecto en la mente del auditorio.
Probablemente en aquellas primeras ocasiones el potencial “blanco” cayó en la trampa –picó el anzuelo, pues-, y el resultado fue el esperado. Pero al repetirse una y otra vez, la eficacia del truquito disminuyó palpablemente, a ojos vistas. “Una vez pasa el ciego” es un dicho de uso cotidiano en El Salvador. Explicar su significado es innecesario.
Hace unos tres años, los fanáticos aplaudieron frenéticos cuando bukele se puso a insultar y a ridiculizar al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque le exigió trasparencia y rendición de cuentas en el uso del dinero público, apego a la normatividad y a la institucionalidad republicana, garantías para la seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos, búsqueda de equilibrio de las finanzas públicas y disciplina fiscal, entre otras cosas, como precondición para comenzar a hablar en serio de prestarle dinero para que pudiera pagar el cúmulo de deudas que ya comenzaban a aparecer como el problema verdadero para el pueblo salvadoreño.
Un tiempo después el FMI le agregó otro ítem a las precondiciones para dialogar con el representante del gobierno con la peor economía del continente americano, después de Haití: la eliminación del Bitcoin como moneda de curso legal.
De nuevo bukele se burló de los funcionarios del organismo financiero. Sus troles soltaron insultos y los funcionarios “retuitearon” cada palabra dicha a través de sus redes por el presidente. “Tapadón de hocico” decían los titulares que reproducían por millares las cuentas falsas pagadas con los impuestos de los contribuyentes.
Solo que ya para entonces la credibilidad del discurso oficial estaba en el piso. El rechazo al uso del Bitcoin era total. Ni los más lábiles emocionalmente, proclives al odio y al amor, ante una sola llamada de su ídolo, hacían uso de los criptoactivos.
Tampoco se mostraban convencidos los que por la distancia y su larga ausencia del país son fáciles víctimas de la propaganda falaz. Hacia ellos se dirigían todas las campañas para convencerles de enviar sus remesas en Bitcoin, y nada. Lo menos que expresaban era una fría indiferencia: menos del uno por ciento de los ocho mil y pico de millones de dólares de las transferencias eran en la “moneda” de la familia bukele.
Mientras tanto, en el interior del país, las ventas de productos y servicios continuaban realizándose en dólares gringos por todos los rincones, aunque de acuerdo con la Ley Bitcoin nadie podía dejar de aceptar pagos en la “criptomoneda”. De acuerdo con esa Ley, hasta las señoras de las tortillas y las de los canastos de tomates y cebollas en las calles del centro debían sacar sus cuentas para la conversión de una “cora” de limones a la minúscula fracción del token intangible.
Pero lo más curioso es que ni el propio bukele cobra sus salarios en Bitcoin, ni sus fieles servidores. El gobierno no cobra los impuestos en esa cosa que tanto promueve ni paga de ese modo a los proveedores de los servicios y bienes que consume.
Toda esa conducta muestra que el supuesto “tapadón” se lo ha dado la realidad al ex “joven” presidente salvadoreño.
Pero lo intrigante es que a pesar de semejante resultado en contra, inmisericordemente apabullante desde donde quiera que se le vea, bukele insiste no solo en la conservación de la ley sino que continúa con las compras de criptoactivos, haciendo una enorme dilapidación de recursos que la sociedad necesita de forma imperiosa para resolver necesidades que sí son vitales.
Una semana después del inicio de la vigencia de la Ley Bitcoin, bukele tuvo que hacer el acto de celebración de la independencia dentro de Casa Presidencial, rodeado de sus tropas y manteniendo por horas de pie en el estacionamiento -de forma por demás grosera- a todo el Cuerpo Diplomático, como grupo de rehenes, ante las manifestaciones callejeras que se desataron contra la imposición de su capricho.
Pero lo que entonces, hace más de tres años y medio, podía interpretarse como una ridícula muestra de defensa de la autoestima por parte de un pobre adolescente retardado y narcisista, en los hechos se ha confirmado como una extraordinaria pieza clave de toda una política económica que es la verdadera columna vertebral del país que se está edificando.
No se necesita ser un morboso conspiranoico para llegar a la anterior conclusión cuando se tienen ante la vista todas las evidencias. O sea, todos los pelos de la mula están en la mano.
La costarricense Ana Gisela Sánchez Montes, la nueva titular en la Presidencia Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha revelado recientemente los trapitos sucios que bukele mantenía en secreto, desde los tiempos cuando el hondureño Dante Mossi le facilitaba créditos para sus negocios oscuros.
Dante Mossi fue desde 2018 el presidente del BCIE, gracias a que era el hombre de toda confianza del poder ejecutivo hondureño y a que gozaba del apoyo incondicional del “honorable” señor presidente de Honduras, don Juan Orlando Hernández, hoy huésped de una prisión en Nueva York, por los espléndidos servicios que brindaba al Cartel de Sinaloa. Tendremos que esperar para ver si todavía sirve el dicho aquel de “dime con quién andas y te diré quién eres.”
En efecto, fue Dante Mossi el que autorizó el desembolso de seiscientos millones de dólares estadounidenses en concepto de préstamo para que supuestamente el gobierno de bukele los distribuyera en los bancos locales para que estos -a su vez- le concedieran créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que se encontraban en crisis por el cierre ordenado por el propio bukele durante la “cuarentena estricta” con la que pretendía evitar la propagación del COVID19.
Al revisar el uso del dinero de los préstamos entregados por el BCIE a bukele, la alta ejecutiva de esa institución, la mismísima Ana Gisela Sánchez, descubrió que de aquellos seiscientos millones que Mossi le había desembolsado a su amigo, la banca salvadoreña apenas recibió veinte millones para las micro, pequeñas y medianas empresas. El resto del dinero “se perdió”.
Pero no es que se perdieron quinientos ochenta millones: para nada. Fueron gastados en pagar la publicidad del Bitcoin, en la creación de la infraestructura, en la compra de cajeros electrónicos y la construcción de casetas, en el pago de los vigilantes 24/7 para cada caseta, para pagar los salarios de miles de jóvenes promotores para conseguirle clientes a la billetera digital llamada Chivowallet, en la compra de los activos digitales para regalar entre el público y crear la adicción –tal como hacen los narcos en las escuelas para enganchar a la niñez y la adolescencia-, así como para crear un fideicomiso en BANDESAL -un banco estatal- con un monto inicial de ciento cincuenta millones de dólares que le transfirió el Ministerio de Hacienda.
Después del rechazo popular casi absoluto, el gobierno salvadoreño decidió hacer mutis y no mencionar para nada nuevamente el Bitcoin en sus redes. Peor aun cuando, justamente un mes después de la entrada en vigencia de la fatídica Ley creada a propósito, el precio de la cripto “moneda”, se vino abajo desde su precio máximo histórico, perdiendo tres cuartas partes de su valor.
Hace unas cuantas semanas, al ver que el precio se recuperaba, bukele volvió a tuitear con entusiasmo y reveló que ya tiene cinco mil bitcoines en su cartera. Eso es como unos trescientos millones de dólares al valor actual. Pero todavía le seguimos debiendo los seiscientos millones más intereses al BCIE. Mal negocio, muy malo para el pueblo.
