El artículo 212 de nuestra Constitución afirma que la “…misión de la FFAA es la defensa de la soberanía e integridad territorial de la República…”, pudiendo además responder excepcionalmente al llamado del ejecutivo o de las entidades designadas por el artículo 86, para mantener la paz interna, dando cumplimiento a lo señalado condicionalmente por la misma Constitución.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Esas circunstancias excepcionales están contempladas en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución, y se refieren a precisamente al así denominado Estado de Excepción, el cual se corresponde a la suspensión transitoria de las garantías contempladas en los artículos 5, 6, 7 y 24 de la misma, sin superar los 30 días, “…los cuales podrán prolongarse, si continúan las circunstancias que la motivaron… “Art.30Cn, las cuales está visto ya no existen.
Recordemos que el actual estado de excepción fue establecido en razón a los hechos del 27 de marzo de 2022, cuando las pandillas asesinaron a 87 personas.
Como respuesta se estableció el estado de excepción, sacando además a las tropas a las calles, dado que el aparato de seguridad pública se vio superado por aquella oleada.
Desde entonces al presente han transcurrido 2 años y 2 meses.
Sin embargo, los responsables materiales de aquellos asesinatos no han sido presentados ante los tribunales para ser procesados, por lo que podemos afirmar categóricamente que aquellos crímenes siguen impunes.
Digámoslo de otro modo.
Si bien las condiciones generales en el país han sufrido algunos cambios, estos no son de fondo, pues las circunstancias que dieron lugar a aquella matanza subsisten, dado que el estado no las ha abordado y se niega a hacerlo, profundizándolas por medio de la represión, que ha dado lugar al cometimiento de atropellos de parte de militares y policías contra la población civil, llegando a extremos tales como rentar a la población, someterla a arbitrariedades, robos, ultrajes, violaciones, secuestros, e incluso asesinatos.
Son conocidos los abusos cometidos por los militares entre las comunidades populares y rurales, de las cuales es su extracción, contra jóvenes estudiantes y mujeres principalmente, a los que asedian en razón de sus prejuicios y complejos, llegando a amenazarlos, e incluso de secuestrarlos, lo que ha sido verificado en los muchos casos que ahora se procesan judicialmente.
Parte del problema reside en la cultura de encubrimiento e impunidad practicada por el régimen, y dirigida a favorecer a su círculo, pero también al hecho de que la institución armada existe solo para asegurar los privilegios de las élites, y no para cumplir el tenor constitucional, lo que la historia demuestra.
De ahí su impunidad como su gusto por favorecerse de los privilegios derivados de gestionar el poder.
Es decir; si bien nuestra Cn ya señala el deber ser del ejército, éste prefiere violentar la legalidad para conservar los privilegios materiales que le derivan, y que por extensión le asegura su permanente impunidad.
Porque la ley no es, nunca lo ha sido, su baremo.
*Educador salvadoreño
