Mucho del problema medular que sufrimos en la sociedad salvadoreña, además de la economía, es la forma en que el Estado y los empresarios ven al trabajo, no como un satisfactor humano de necesidades para alcanzar un bienestar común; sino como una forma de exprimir la dignidad, valores humanos y de explotación en las relaciones sociales de producción, en una clara acción laboral de obtención de plusvalía por un trabajo realizado y no pagado.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
S abemos que en un claro autoritarismo como el de arena entre 1989 y 2009, se manifestaron deterioros en las relaciones laborales entre el capital y el trabajo; era tanto así que el desarrollo de organización sindical como parte de la defensa de los derechos laborales de las personas que trabajaban en diferentes actividades económicas: agrarias, industriales, comerciales y de servicio, estaba proscrito (declarado como fuera de la ley); era tal que se oyó una frase en el contexto de la negociación de un tratado comercial con la Unión Europea en 2006, donde se pretendía que los convenios de libertad sindical 87 y 98 se ratificaran por el país.
Cuando los convenios fueron ratificados con una reforma constitucional, que incluyó al sector público y no sólo a las instituciones autónomas, alguien del sector privado preguntó de manera inocente, ¿entonces ahora podemos hacer sindicatos en las fábricas?, un derecho que ya estaba legalizado y, que dentro del sector privado había sido impedido sistemáticamente en los diferentes períodos de arena y que con el frente en el sector público fue realmente igualmente impedido de ejercerlo plenamente.
La Asamblea Legislativa de ese entonces similar a la de hoy, se opuso a todo lo que implicara mejorías en el campo laboral; y expresó que la ratificación era inconstitucional –proscripción de la ley—establecida en el código laboral de 1972, y actualmente vigente a la fecha. De acuerdo al autoritarismo de arena y el continuismo del frente con el modelo económico imperante, hablaba que no era necesario hacer sindicatos; proliferando el sindicato independiente y de oficios varios, éste último jamás no se desarrolló como se hubiese esperado y mermó drásticamente el sindicato de empresa y de industria; además con la ratificación se creó el sindicato de empleados públicos y se reformó la ley del servicio civil; pero el Tribunal del Servicio Civil, jamás ha hecho que la libertad sindical en el sector público se cumpla a cabalidad—de nuevo la proscripción de la ley.
En conclusión, ámbitos llenos de autoritarismo como el desarrollado por arena y su modelo económico de “libre mercado” determinó que las relaciones sociales de producción seguían siendo jerarquizadas de arriba hacia abajo, y de clara explotación, con claros niveles de impedimento al cumplimiento de la legislación laboral que no interesaba y no era conveniente a los intereses del régimen político asociado con los grupos dominantes del capital. Un Estado autoritario que se regía por el grupo oligárquico que imponía un modelo económico bajo ejes de acumulación que le garantizaran la riqueza; apoderamiento de los activos del estado, y un ejercicio “light” de relaciones laborales, para impulsar su teoría del rebalse, por empleos indecentes, de poco valor agregado, y con una alta informalidad laboral y sub ocupación.
Los ejemplos en el impulso de la maquila de confección textil son bastamente documentados de impedir la organización sindical y hasta ahora no se tiene cumplido el derecho a negociación colectiva, en tanto la legislación que ampara derechos sindicales ha tenido infinidad de valladares, desde una legislación anacrónica u obsoleta hasta claro acciones en las sedes administrativas y jurisdiccional de no dar solución jurídica a tantos casos de violación—desde despidos de dirigencia sindical, nulo diálogo en la relación laboral y no reconocimiento de la representatividad sindical, entre otros como la anulación del C144, sobre tripartismo.
Ahora con la materia autocrática agregada a los índices de autoritarismo evidenciados en el período Bukele (2019 a la fecha), está implicando mayores formas de discriminación sindical en el sector privado, y hecho evidente en el sector público, la abolición de los escalafones docente, de salud y otros, la forma nueva de distribución geopolítica de reducción a 44 municipios, que anula los derechos sindicales conquistados en las municipalidades, las fusiones de instituciones públicas, donde se sigue reduciendo y afectando la estabilidad laboral, dejando de lado el apartado de la constitución; la autonomía municipal; y amarrando un ejercicio poco ético de defensa laboral del Ministerio de Trabajo, sumido al poder autocrático.
Las libertades sindicales, han estado hasta perseguidas por regímenes autoritarios del pasado, proscrito su ejercicio en el presente, siguen existiendo anulaciones sin el debido proceso jurídico, decrecimiento de los registros sindicales, persecución, acusaciones de terrorismo, atemorizadas e intimidadas las personas trabajadoras por pertenecer al sindicato, en tanto se cuestiona que hacerlo va en detrimento de la estabilidad en el empleo. Las plantillas laborales en los sectores privado y público, siguen en decrecimiento, no hay protección ni una defensa laboral; y todo por los ámbitos autocráticos y autoritarios del pasado y vigentes.
*Sindicalista salvadoreño
