La falta de alimentos, es notoria, por su alto precio y su escasez; para palearlas, se ha dado un control de precios, que sólo ha podido agravar la crisis. El efecto inmediato, es mayor crisis y riesgo de protestas masivas, por lo que se presentan dos posibilidades: mayor intervencionismo en la economía y un cambio en el Derecho Penal, para poder encarcelar, a cualquier persona, que se manifieste, contraria al Gobierno.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
A la crisis alimentaria, se suman la crisis judicial, y la crisis internacional, por la liberación de pandilleros narcotraficantes. Estas tres crisis, son responsabilidad exclusiva del Gobierno salvadoreño.
El cambio climático, viene a agravar una situación interna: nuestra pobre producción agrícola y nuestra dependencia de la importación de alimentos, pues la producción interna es más cara que la extranjera. La subsidiariedad a la producción de maíz y frijol, aplicada por el Ministerio de Agricultura, ha desaparecido hoy, para favorecer un apoyo insuficiente, selectivo y en beneficio de ciertos agro servicios, relacionados con funcionarios, ha agudizado la crisis, agravándola, con una oferta de agro mercados oficiales, que funcionan con “dumping o competencia desleal”, que ofrece productos más bajos de su costo, para dominar el mercado, lo que implica un modelo “predatorio”, pues su fin es crear una nueva forma de dominio, para con la población.
El agravamiento de la crisis alimentaria, permite un mayor control estatal de la economía, por medio de un Decreto de “crisis alimentaria”, que se amplie a un control del sistema económico, como extensión, del Régimen de Excepción, a la economía.
Una crisis alimentaria y nuevos cambios económicos, traerán inevitablemente, una nueva ola de protestas, a las cuales, el Régimen de Excepción luego de ser aplicado por más de dos años, se ha relajado y ya es cotidiano, por lo que tiene que ser reforzado por nuevas medidas de temor o de coacción, y estos son los cambios en el procedimiento penal; que dan hasta la mitad de la pena máxima del delito, como período de instrucción. El plazo mayor procesal, ahora es de dos años y así, se aplicaría el doble o el cuádruple del tiempo, dependiendo del delito a investigar.
Así, las faltas, son delitos y los delitos se vuelven delitos graves. Por ejemplo, el comerciante que sea señalado de acaparar en El Salvador, ahora será detenido en instrucción dos años y medio. Y si es por venta superior a lo dicho por el Gobierno, solo serán año y medio sin juicio.
Si es acusado de evasión fiscal, serian tres años sin juicio. Y si fuese acusado de rebelión, estarían sin juicio, durante diez años (ya hay personas detenidas por dicho tipo penal). El abogado que acepte un caso penal, ya no puede abandonarlo.
Sin importar quien gane la presidencia en Estados Unidos, parece ser que la liberación de pandilleros, por acuerdo del Gobierno con las maras, no abona a la disminución del tráfico de drogas en el área centroamericana y las relaciones de dichos pandilleros con el crimen organizado en Estados Unidos, ha creado la figura de terrorismo, en la MS-13, por lo que se ve en el inmigrante, un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, por lo que nuestros ciudadanos, corren un riesgo mayor de deportación y con ello, un riesgo de colapso económico, al disminuir las remesas.
El deseo del Gobierno, de ser parte del BRICS, con Rusia y China a la cabeza, ofreciendo la desdolarización y la adopción de una nueva moneda global, basada en la economía anti occidental, no responde a las crisis salvadoreñas, que son profundizadas por el mismo Gobierno, que está llamado a evitarla.
