El gobierno de El Salvador, encabezado por la familia bukele, en representación de los sagrados intereses de la oligarquía, se ha encargado de asfixiar a la población más pobre hasta un límite cercano a la muerte, pero no la mata.
Por: Toño Nerio
L a idea “genial” es que por fin decidan largarse del país y, si sobreviven y alcanzan a cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, busquen el trabajo que puedan, cobren los mínimos salarios que les pagan a los que no tienen papeles y manden remesas.
Sabios los nuevos ricos tienen claro que no pueden permitirse, por hoy, matar de modo definitivo a la gallina de los huevos de oro. La familia bukele aprieta, pero no ahorca.
Para lograr sus metas y consolidarlas, todavía van a necesitar de los envíos de dinero que, anualmente, son equivalentes al monto del Presupuesto General de la Nación.
En El Salvador, el costo anual del mantenimiento del aparato estatal se satisface con el dinero que entra al país gracias al esfuerzo de los miserables que fueron expulsados por la infame presión de la familia bukele y su política de ataque sistemático, constante e inclemente contra los más desposeídos.
Si hacemos una rápida disección de los componentes del gasto público expresado en el documento de la Ley General de Presupuesto que aprueban los legisladores de la familia bukele tenemos que se compone de tres partes claramente diferenciados, como los estratos de la Tierra: un tercio va para pagar la deuda pública; otro tercio para pagar hombres, armas e insumos para la represión; y, lo que sobra, para todo lo demás. Con la salvedad de que del último tercio siempre se puede flexibilizar el destino del dinero, si a lo largo del año Casa Presidencial necesita algún refuerzo para represión o para propaganda, para comprarle bitcoines a la wallet del presidente o para pagar alguna de las descomunales fiestas que se organizan como cortinas de humo cada vez que hay alguna crisis en el Olimpo.
Como decía una tercera parte del gasto estatal que es presupuestado a finales de cada año para el ejercicio siguiente se destina al pago del servicio de la deuda pública. Como el destino es el pago del dinero recibido y desaparecido por arte de magia presidencial con anterioridad, no es dinero para hacer inversiones, ni para pagar la compra de bienes y servicios que consumen las escuelas, clínicas ni hospitales, o para pagar los contratos de reparación de las cárcavas que amenazan derrumbar colonias enteras ni para construir calles y caminos, hospitales o escuelas.
Esas amortizaciones le permiten al gobernante solicitar nuevo endeudamiento, aunque debido a los desbalances fiscales y el creciente riesgo de impago, el costo del dinero cada vez se hace más caro, pues son cada vez menos los que osan arriesgarse dándole créditos a un cliente clasificado en el último escalón y que tiene la peor calificación del continente.
Pero siempre hay quien se atreve, sabiendo que no va a recibir el pago de capital e intereses en dinero, sino en especie: un aeropuerto, una central geotérmica o un territorio y las riquezas del subsuelo, por poner algunos ejemplos.
El gasto para represión es creciente: en prisiones, soldados, policías, ejército clandestino de exterminio y cárceles y salas de torturas secretas –incluyendo quirófanos para realizar lobotomías y extracción de órganos-, compra de armamento, vehículos artillados terrestres, aéreos y marítimos, carros blindados, equipos y personal especializado para espiar a cuanto ciudadano o institución sea señalado, etc.
Del presupuesto programado para 2024 en el rubro de educación pública, por ejemplo, al cumplirse el octavo de los diez meses del año lectivo –o sea el 80%- solamente se ha ejecutado un porcentaje cercano a la mitad. Pesos más, pesos menos, existe un 30% que al arribar al mes de agosto todavía no se ha invertido.
Pero ya se ha podido conocer que de ese dinero que el Ministerio de Hacienda había destinado para salarios ya ha solicitado una modificación a fin de crear una reserva que va a ser utilizada para pagar indemnizaciones de maestros y burócratas educativos que van a ser despedidos y no serán recontratados en 2025. El recorte de la plantilla laboral de docentes equivale al 32% de los actuales trabajadores de las aulas.
Imitando a Roque Dalton apuntaré aquí sobre eso que el desalmado machetazo a la educación, es decir, el recorte de empleados públicos llamados docentes es una recomendación-exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante la cual este organismo clave del modelo neoliberal va a comenzar a pensar si es factible el establecimiento de una ronda de reflexiones bilaterales acerca de una negociación fructífera que conduzca a considerar la eventual posibilidad de establecer, si las circunstancias lo permiten, y no concurren factores indeseables que impidan un principio de acuerdo con la familia bukele para ofrecerle más dinero a cambio, como siempre, obviamente, de nuevas muestras de sumisión absoluta y obediencia a los mandatos de la sede del poder mundial.
Lo que es absolutamente seguro es que las plazas de los docentes jubilados no van a ser cubiertas con jóvenes educadores, porque ello sería tanto como hacerle al Estado una liposucción con una aspiradora e inyectarle grasa con una manguera. Simplemente van a crearse “aulas integradas”.
En otras palabras, los profesores de 1º, 2º y 3er grado van a tener que ofrecerle al director departamental de Educación la mejor oferta, tanto en dinero como en especie, a cambio de que no los recorte de la planilla, y aceptar una plaza en la que atenderá no cincuenta alumnos sino ciento cincuenta en cada jornada. Digamos, para usar una expresión un tanto subida de tono, que (tápense los oídos los que sean demasiado sensibles) va a incrementarse la corrupción.
Y así sucesivamente, a lo largo de todos los niveles educativos, hasta reducir casi al mínimo el gasto en salarios. Y digo “casi al mínimo”, porque siempre puede llegarse al extremo de dejar una sola maestra como directora, subdirectora, administradora, secretaria, bedel, mensajera y profesora de todos los grados existentes y de todos los que van a existir en el futuro hasta llegar al último año de bachillerato, como ya es el caso de algunas escuelas.
O, peor, siempre pueden inventar algún pretexto para cerrar por completo toda una escuela, como la antiquísima y tradicional Escuela Antonio Najarro, del superpoblado municipio de Mejicanos, en el departamento de San Salvador, la cual, a pocos días del inicio del actual año lectivo, el 10 de enero de 2024, fue clausurada de manera definitiva y, sobre todo, sorpresiva “por falta de alumnos”.
Por lo que hace a los servicios públicos de salud, el ministro primo de los hermanitos bukele, tuvo desde 2020 la previsión de ordenarle a los cobardes diputados, asustados todavía por la invasión de soldados y policías al palacio legislativo, que le crearan una ley ad hoc que, por cierto recibe de apodo el apellido del ministro.
Mediante esa ley, la Ley Alabí, el ministro-primo no tiene que rendir cuentas del dinero que se le asigna a su cartera –nunca mejor dicho- en la ley del presupuesto general de la nación. Todo es una oscurana en cuestión de rendición de cuentas y lo único que si queda claro es que no se están comprando los medicamentos para el abastecimiento de las farmacias de los hospitales y clínicas del sector, no se están haciendo ninguna reparación de las instalaciones médicas –ni siquiera de los techos de las salas de operaciones- y en las bodegas de insumos no hay hilo de sutura, catéteres ni prótesis y los pacientes tienen que comprar lo que necesitan para poder ser intervenidos. “Ahí usted vea si quiere ser operado, si no, aguántese” es la piadosa frase que escuchan de las bocas del personal que está sobrepasado por los dolientes.
Hospitales que desde 2018 tenían aprobado el financiamiento, que desde 2019 ya habían sido presupuestados, que ya contaban con las licitaciones, que ya tenían designados los terrenos donde se iban a edificar y que ya contaban con las empresas que estarían a cargo de construirlos, y apenas han recibido una simbólica primera piedra, colocada por cuarta vez por el bukele en jefe de la banda, de la nada honorable banda presidencial sobre los hombros de uno que desde el 31 de mayo pasado ya no es presidente, sino dios. Algo esmirriado y despechugado, famélico, pero dios al fin.
Pero, como dice el viejo refrán: “dios aprieta, pero no ahorca”… mientras le conviene.
