La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, la derogación del régimen de excepción, así como “restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad con respeto a los derechos humanos”, de acuerdo con el informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador.
E l régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, es una medida que el Gobierno tomó en respuesta a un repunte de la violencia de las organizaciones delictivas que dejó, en un solo día de ese mes, 62 homicidios, en la que fue la jornada más violenta desde junio de 2019, cuando Bukele asumió la presidencia del país centroamericano.
Bukele ya ha rechazado las críticas que, en otras ocasiones, organismos internacionales han hecho al régimen de excepción. El mandatario sostiene que la medida ha permitido que el país pase de ser uno de los más violentos del mundo a uno de los más seguros del continente.
En 2015 -el año más violento- la tasa de homicidios fue de 106,3 por cada 100.000 habitantes, y en 2023 el indicador se redujo a 2,4, según los reportes que publican las autoridades, y que no incluyen cifras detalladas o estadísticas oficiales sobre esos delitos, la situación judicial de sus presuntos responsales o los procesos a que son sometidos. Para 2024, Bukele proyecta que baje a 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En su informe, la CIDH reconoce “los actuales e inéditos índices de mejora en la seguridad ciudadana”. Por esa misma razón, considera que “no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos”.
El Salvador defiende su actuación
Andrés Guzmán Caballero, comisionado de la presidencia de El Salvador para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, dijo en un comunicado que el país centroamericano “ha tomado decisiones responsables y bien fundamentadas para garantizar la continuidad de estos logros y mantener la paz en todo el territorio”.
La prórroga más reciente del régimen de excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa, se produjo el 8 de agosto, con los votos de 57 diputados de un total de 60. La medida regirá hasta el 7 de septiembre, pero los diputados mantienen su postura de seguir extendiéndolo porque lo consideran necesario para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
La CIDH admite en su informe que las pandillas “son un grave problema que ha afectado al país durante décadas”, pero al mismo tiempo advierte que, tras la implementación del régimen de excepción, se reformó la legislación penal, procesal penal y de justicia juvenil, que “priorizan un modelo fuertemente punitivo para enfrentar los desafíos en materia de seguridad ciudadana”.
El informe destaca que la aplicación obligatoria de la prisión preventiva para algunos delitos, la reserva de identidad de las personas operadoras de justicia en el marco de sus actuaciones en los procesos penales y la extensión de la pena de prisión propia del régimen de adultos a personas menores de 18 años contradicen los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La CIDH dice que “observa situaciones preocupantes”, ya que advierte un patrón de ilegalidades y arbitrariedades en las detenciones que incluyen la ausencia de flagrancia u orden administrativa o judicial, así como la omisión de informar a la persona detenida sobre el motivo de la captura. El informe afirma que estas situaciones han sido corroboradas con el testimonio de personas que han sido enviadas a prisión durante el régimen.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la implementación de estas medidas han devuelto la tranquilidad a miles de familias que antes vivían bajo el asedio de las pandillas.
La normativa que suspende derechos y garantías presentes en la Constitución ha permitido, de acuerdo con las autoridades, la captura de más de 81.000 personas.
“Bajo el firme liderazgo del presidente Nayib Bukele avanzamos con determinación en la construcción de El Salvador que todos los salvadoreños de bien nos merecemos, un lugar donde la seguridad y la prosperidad sean una realidad permanente para todos”, dijo este domingo Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, en La Campanera, un populoso barrio del distrito de Soyapango que en tiempos recientes estaba bajo el control de las pandillas.
La CIDH también expresó su preocupación por el estado en el que permanecen aquellos privados de libertad. El informe señala que, desde la vigencia del régimen, han recibido denuncias de hacinamiento en el sistema carcelario; condiciones inhumanas de detención; restricciones en la atención médica y acceso a medicamentos, así como de aplicación de medidas de aislamiento.
En el informe, la Comisión pide al Estado la revisión de las prisiones preventivas decretadas y de las «precarias e inhumanas» condiciones denunciadas por organizaciones sociales. Además, reclama que la cárcel sea el último de los recursos en el proceso penal.
En su comunicado de este miércoles, el Gobierno de El Salvador cuestionó la metodología usada por la elaboración del informe y lo que considera falta de transparencia en la selección de las fuentes, testigos y procesos de entrevistas.
Además, ya ha dicho que no dará marcha atrás en su política de seguridad porque, en su opinión, ha dado buenos resultados y ha acusado a los organismos internacionales que critican el régimen de velar por la defensa de los pandilleros.
Fuente: CNN Español
