A pesar de la necia insistencia de algunos funcionarios en negar la vinculación del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU invirtió aproximadamente 99 millones de dólares durante 2023 para que El Salvador avanzara en el cumplimiento de dichos objetivos.
E n el informe sobre la gestión de esos fondos, se dan datos que merece la pena citar. Según el documento, el año pasado un 11% de la población padeció inseguridad alimentaria; en otras palabras, más de 600 mil compatriotas pasaron hambre o estuvieron en riesgo de sufrirla; las agencias de la ONU que informan sobre El Salvador estiman que en 2024 la cifra será de 942 mil personas.
Además, los hogares que afirman encontrarse sin acceso a agua potable ascienden al 21%; es decir, un millón y medio de personas no tienen acceso a algo tan básico. Esta situación resulta escandalosa para cualquier conciencia mínimamente solidaria.
El derecho a la alimentación no supone ser alimentado por otros o por el Estado, sino tener un ingreso que permita adquirir los alimentos requeridos para una vida sana y digna. En esa línea, al Estado le corresponde desarrollar una política de producción agrícola, invertir en ella y garantizar que los sueldos alcancen para alimentarse adecuadamente. Que en El Salvador más del 60% de la población esté subempleada, tenga un trabajo inestable y no esté afiliada a la seguridad social, aumenta el riesgo no solo de caer en la pobreza, sino también de pasar hambre.
La persistencia de la pobreza, que afecta al menos a una cuarta parte de los ciudadanos (más de dos millones de personas), aumenta las posibilidades de que un buen número de compatriotas sufran hambre crónica.
El tema es preocupante; la ciudadanía debe exigir políticas públicas y medidas concretas que enfrenten la realidad del hambre y de la pobreza. La revisión y aumento del salario mínimo, que corresponde hacerlo durante este año 2024, no se debe posponer.
El costo de la canasta básica alimentaria se ha elevado de tal modo que el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir las necesidades del hogar. El refuerzo alimentario en las escuelas, la pensión no contributiva a ancianos en pobreza, la subida del salario mínimo, la formalización del trabajo informal, el apoyo a comerciantes de dicho sector y a emprendedores, la mejora cualitativa de la educación y el bachillerato obligatorio deben ser responsabilidades gubernamentales prioritarias.
El hecho de que la pobreza sea mayor en las zona rurales que en las urbanas muestra la despreocupación estatal por la producción alimentaria. El hambre es una realidad inhumana que debe revertirse. Si a causa de una deuda externa que no para de crecer el país cayera en situación de impago, las repercusiones de la falta de soberanía alimentaria serían brutales para las mayorías.
