Son o no son legales los despidos en el sector público, pareciera que no, de acuerdo a la Cn. artículo 218 y 219, que son claros para sujetar el marco jurídico sin una aplicación de política partidaria y el establecimiento de la carrera administrativa. Y una ley del servicio civil que garantizará la estabilidad en los cargos.
Este asiento constitucional enmarca un quehacer para el servicio civil. Sin embargo, la medida tomada por el actual Presidente de la República, con el aval del Consejo de Ministros, en tanto que la situación de reorganización del Ministerio de la Presidencia ha llevado a despidos indiscriminados y desde muchos puntos de vista plagados de injusticia social.
Entonces la situación es de abuso y arbitrariedad. No nos oponemos a la reestructuración del Órgano Ejecutivo, a lo que nos oponemos es la manera para despedir y la situación de atropello a la dignidad de la persona humana para hacerlo.
¿Por qué se ha hecho así? Prepotencia, revanchismo, formas viscerales para imponerse a una realidad histórica que ha venido sucediendo hoy y ayer (PCN, PDC, arena y FMLN). Es esto la almendra del asunto, no, de eso hay suficiente materia y experiencia—¿por qué lo hizo de esa manera? ¿qué lo impulsó y decidió hacerlo como lo hizo? Hubo aportes de los ministros y del propio Ministro de Trabajo como conciliador entre la parte empleadora (el gobierno) y los trabajadores (los sindicatos).
El marco jurídico del país sigue siendo débil y con altos arraigos de sesgos jurídicos y políticos en favor o en contra de determinados intereses y del poder instituido. Algunos opinan que es el momento de una reforma política, una reforma de la constitución para llegar a una nueva república. Y se dice que el Gobierno de Bukele habrá de sentar las bases para luego caer en una manera diferente de dirigir el país, y a los cuales las masas pensantes, críticas y autocríticas habrán de impulsar hacia ese nuevo plano de existencia y bienestar común. ¿Hacia dónde nos llevará esa nueva vía? Es algo que vamos ir escribiendo y construyendo a partir de los acontecimientos que realicen las personas y que vayan transformando las circunstancias determinadas.
El conflicto laboral suscitado tiene a su base las decisiones inconsultas con la clase trabajadora, y en lo concreto con la representatividad de los Sindicatos, independientemente su conformación y signo ideológico. Lo que ha llevado históricamente a una imposición y a una aplicación leonina de medidas y recetas junto a presiones de organismos financieros internacionales sobre los diferentes pueblos del mundo.
El primer nivel decisorio de una nueva y sana gestión pública, estaría en el rescate de la autonomía e independencia ante los grupos económicamente dominantes; y de los poderes de gobiernos imperialistas y nacionales que obligan a mantener una economía postrada y sujeta a los vaivenes del mercado.
El presupuesto alcanza y sirve para mejorar los servicios públicos, y no es el despido de la gente que mueve los aparatos del Estado, la mejor decisión Señor Presidente, debe centralizarse en quienes estén involucrados en una administración pública dolosa y corrupta claramente favorecedora de los intereses propios y de sectores pudientes en el país.
El asunto de la elusión fiscal—más de 26 leyes que llevan a beneficiar al sector privado, sin devolver una mejora en nuevos puestos de trabajo, apertura de nuevas empresas y dignificación del empleo y salarios; alta evasión fiscal; y no es desde todo punto de vista socialmente justo que se quiera limpiar la suciedad atropellando a los de abajo, y como efecto dejando intacto a los de arriba, a los verdaderos tomadores de decisión que han abusado del patrimonio del pueblo salvadoreño.
Una cosa son las destituciones y persecución de personas emparentadas en afinidad y consanguinidad, con cada uno de los exfuncionarios y exfuncionarias sin contribuir a generar una dinámica favorable para la consecución de servicios públicos llenos de calidez y efectivos a los intereses de la gente. Claramente es el aprovechamiento de que estaban en el poder. Pero ello no tiene nada que ver con el resto de la gente despedida. Es urgente revisar caso por caso, integrar una Comisión Ad hoc del Gobierno y de los Sindicatos afectados; que el Ministro de Trabajo lidere el proceso y se haga acopio del D.E. N°86 de dic2014, que señala a la Comisión Presidencial para Asuntos Laborales, como un mecanismo idóneo para trabajar en la solución de la conflictividad laboral en el sector público, en un plano de transparencia y buenas prácticas laborales.
*Sindicalista salvadoreño
