Cuando en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional anuló por inconstitucional la ley de amnistía aprobada en marzo de 1993, también le ordenó a la Asamblea Legislativa que legislara para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante el conflicto armado.
Han pasado ya tres años desde aquella fecha y los diputados siguen sin cumplir la sentencia de la Sala. Aunque la Asamblea nombró una comisión ad hoc para que trabajara en el texto legal respectivo, muy pronto tanto la comisión como su propuesta fueron cuestionados y rechazados, dentro y fuera del país, por tomar partido a favor de los victimarios y proponer un proceso que en lugar de buscar justicia ofrecía impunidad.
Después de varios intentos de aprobar un proyecto de ley que era inadmisible para las víctimas, parecía que no había posibilidad de encontrar una solución que cumpliera con las pautas y plazos establecidos en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. En aras de resolver esta situación, la Corte Suprema de Justicia ha concedido una prórroga de cuatro meses para que la Asamblea cumpla con la sentencia y ofrezca al país una ley que atienda los terribles crímenes cometidos durante la guerra y contribuya así a la reconciliación nacional.
La Asamblea Legislativa no debe desperdiciar la prórroga que se le ha concedido para cumplir con su deber. Ojalá haya aprendido la lección. Ojalá cambie de actitud ante el rechazo de tantos a ese proyecto espurio de una amnistía encubierta al que quiso llamar ley de reconciliación. Se espera que los diputados y diputadas tengan ahora la entereza de corregir los graves errores que cometieron en este proceso y acepten su responsabilidad y deber de apegarse a la legalidad y a lo solicitado por la Sala de lo Constitucional. Para ello, en primer lugar, deben tomarse en serio la escucha atenta a las víctimas para conocer sus demandas y, sobre todo, entender el dolor que cargan por los atropellos que sufrieron. Los diputados deben asumir que el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia es legítimo, y que respetarlo es un imperativo categórico.
Además, deben asumir con honradez y valentía que es imposible satisfacer de igual manera a las víctimas y a los victimarios. Los crímenes que se cometieron en El Salvador fueron abominables, causaron miles de muertos y de desaparecidos, pretendieron exterminar grupos poblacionales enteros que no formaban parte de ninguno de los bandos en conflicto. Se secuestró, se desapareció, se torturó, se violó, se mató, se masacró sin piedad ni justificación alguna. Razón por la cual estos hechos son considerados internacionalmente como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Es entendible que los victimarios rehúyan a la verdad y la justicia, pero ante crímenes tan execrables, es obligación del Estado y de la sociedad enjuiciar a los responsables para que, luego del debido proceso, reciban penas proporcionales al daño causado. Ello no impediría que los que estén dispuestos a colaborar al esclarecimiento de la verdad y reconozcan su participación en los hechos puedan recibir medidas de gracia o penas menores por su contribución a la reconciliación nacional. Sin aceptar estos principios básicos, la justicia y la reconciliación serán imposibles. Ahora que se ha dado otra oportunidad para lograrlo, no hay que desperdiciarla.
(Editorial UCA)
