Los fiscales generales de 22 estados de Estados Unidos han firmado una carta en la que tachan el pacto migratorio entre Guatemala y la administración del presidente, Donald Trump, de ser inconstitucional y poner en riesgo la seguridad de miles de personas que ya son vulnerables.
El pacto fue anunciado en julio y declaraba que Estados Unidos negaría la protección a aquellos demandantes de asilo que no lo hayan solicitado antes en Guatemala o en México, lo que impide que miles de migrantes centroamericanos tengan la posibilidad de pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
Los fiscales de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Washington DC han referido la carta al fiscal general y al Departamento de Seguridad Nacional este martes. En total estos estados acogen al 68 por ciento de las demandas de asilo que acepta el país.
Guatemala en un principio no tenía la intención de participar de este pacto, pero cedieron ante presiones estadounidenses por las amenazas de Trump de imponer sanciones económicas, según contextualiza la agencia dpa, Cuando el pacto salió adelante, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó un comunicado que describía el acuerdo como un “progreso importante en un enfoque regional integral para tratar los patrones irregulares de migración”, y aseguraba que brindaría más protección a grupos de riesgo, como por ejemplo niños.
Los fiscales aseguran en su escrito que el pacto tendrá el efecto contrario al indicado por el Departamento de Seguridad Nacional, ya que obliga a las personas a buscar asilo en el mismo país de donde intentan huir.
La carta también hace referencia a comentarios despectivos del presidente Trump acerca de los migrantes no blancos, que podrían indicar una motivación racista para la firma de este pacto.
Además, según explica la carta, Guatemala no está preparada para brindar asilo a las miles de personas de la frontera mexicana con Estados Unidos ya que “solo tienen a 12 personas trabajando en los casos de petición de asilo”, y no ha aceptado ni una sola de las 259 peticiones recibidas en 2018.
El pacto “es inconstitucional porque discrimina basándose en la raza, etnia y origen nacional, lo que viola la quinta enmienda”, según la carta de los fiscales.
