(Por: Francisco Arias Fernández)
Desde hace meses, la ciudad de Juárez, fronteriza con Estados Unidos, que fuera antaño capital provisional de México, vive un movimiento inusual: unas 20 000 personas han llegado en la ruta azarosa hasta uno de los puentes –o tal vez la valla o el río– que llevan al otro lado. En marzo pasado, una política unilateral de la Casa Blanca estableció que las personas que quieran pedir asilo en EE.UU. deben esperar allí, hasta ser llamados al norte de la frontera.
Unos 4 000 migrantes de todos lados esperan actualmente por su turno en una lista que, hasta mediados de julio, superaba los 17 000. Si llegar a esa «meta intermedia» fue peligroso y económicamente muy costoso para quienes tuvieron su punto de partida en Colombia, Centroamérica o el Caribe, arriesgando su vida y exponiéndose a los más diversos riesgos, sobrevivir en Juárez es cuestión de suerte, pues se trata de una de las ciudades más peligrosas de México, de fama terrible por los feminicidios y una de las 20 más violentas del mundo.
Diversas fuentes estiman que el costo promedio para cruzar la frontera sur por los migrantes que tratan de llegar a México para luego intentar entrar a EE. UU. oscila entre los 3 500 y 7 000 dólares, pero hay quienes pagan mucho más, según expertos en manejo de fronteras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El organismo ha detectado a personas que suelen pagar hasta 40 000 dólares para conseguir visas y documentos de identidad que les permiten moverse por varios países. Asesinatos, extorsiones, secuestros, asaltos y violaciones. Un reportaje de bbc Mundo señalaba recientemente que «…si no fuera por el cruce, por la gente que se mueve de un lado a otro, Ciudad Juárez parecería por trechos un lugar abandonado, el último vestigio de una civilización extinta, un pueblo perdido en los días recientes de la posguerra», donde la estancia para los migrantes «se vuelve cada vez más delicada y muchos son víctimas de extorsiones o secuestros».
El medio británico narra la historia de 115 que fueron rescatados allí por la policía y habían sido secuestrados en otro punto de México, a 2 500 kilómetros, por bandas encapuchadas que se dedican a capturar migrantes que se trasladan en taxis, ómnibus u otros medios hacia esa ciudad, son llevados por la fuerza a lugares apartados y secretos, después de asesinar a quienes los trasladaban para luego pedir recompensas a sus familiares en Estados Unidos, superiores a los 4 000 dólares por cada uno.
Las historias son interminables: encapuchados en camionetas que interceptan y matan a taxistas para robar la «carga» humana y luego negociarlas con sus familiares en territorio norteamericano; patrullas de policías que detienen a los migrantes para venderlos a las bandas y mujeres que intentan llegar a ee. uu. y son violadas por negarse a transportar drogas por la frontera, mientras otras son obligadas a la prostitución y tratadas como esclavas. Son organizaciones criminales que usualmente pagan protección a carteles de narcotráfico o que forman parte de su estructura.
Desde la frontera norte hasta la del sur y en decenas de ciudades en el territorio mexicano, la decisión del gobierno de Donald Trump de recrudecer su política de asilo se ha sentido como un terremoto. La medida anunciada por el Departamento de Justicia de EE.UU, prácticamente cierra la puerta del país a las casi 700 000 personas que desde octubre de 2018 han sido detenidas al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Entre la frustración, la ansiedad, el miedo y la preocupación a la posible deportación a sus países de origen, prevalece la opción de tratar de cruzar la frontera estadounidense de manera clandestina, por lo que para las bandas de delincuencia organizada el negocio crece, porque habrá muchas más personas tratando de encontrar alguna forma indebida de llegar a Estados Unidos.
Más de 2 000 muertes en la frontera desde 2014
Un informe publicado recientemente por la Organización Internacional para las Migraciones afirma que en la frontera que separa Estados Unidos y México, entre 2014 y 2018 cuentan 1 907 muertes, a las que se suman 576 en territorio mexicano.
El documento señala que a nivel global en 2018 al menos 4 734 personas migrantes murieron o desaparecieron intentando alcanzar su destino y que en los últimos cinco años totalizan 34 000. Otro informe de ese organismo apunta desde Ginebra, Suiza, que en lo que va de 2019 han fallecido otras 514 en las rutas migratorias del continente americano, de las cuales 247, casi la mitad, sucedió en la citada frontera. El portavoz de la OIM, Joel Millman, sostuvo que esa cifra supera en más del 30 % las muertes reportadas durante el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 384 decesos.
Destacó el funcionario que es la primera vez en los últimos seis años que las fatalidades rebasan el medio millar a esta altura del año. Añadió que las mujeres y niños suman una quinta parte de las muertes y que el primer grupo con más víctimas registradas es la clasificación de «no identificado», que suman 178 personas encontradas en el desierto o en el mar mucho después de haber perecido.
Esas cifras no incluyen a los por lo menos 11 fenecidos bajo custodia, ya fuera en centros de detención en EE.UU. o México. Agregó el portavoz de la OIM que se tiene información de más de 50 casos no confirmados que habrían ocurrido en México y Panamá. Las causas principales de las muertes fueron el ahogamiento en el mar, accidentes del tránsito y de ferrocarriles, la deshidratación o exposición a la intemperie, los crímenes, las enfermedades o falta de atención médica.
Afirma el informe que las medidas de los gobiernos para asegurar sus fronteras e impedir la entrada de nuevos migrantes ha acercado estos últimos a las organizaciones criminales como opción límite.
Sostiene que «este ha sido el caso de la frontera mexicana durante los últimos 20 años, donde el tráfico de personas se ha convertido en la norma desde los años del Presidente Bush. Cuanto más difícil se hizo cruzar, más se acercaron los migrantes a los actores delictivos, a quienes no les importa su seguridad».
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los Estados Miembros reconocen expresamente que «la migración internacional (…) requiere respuestas coherentes e integrales, y se compromete a cooperar internacionalmente para garantizar una migración segura, ordenada y regular que implique el pleno respeto de los derechos humanos y el trato humano a migrantes, independientemente del estado migratorio de los refugiados y de las personas desplazadas».
