Alianza por la Solidaridad explica que se trata de un «cobarde asesinato que se añade a los muchos casos de ataques a líderes que trabajan por el bien común» -un total de 39 entre 2017 y 2018- y que no han sido esclarecidos.
La activista medioambiental Diana Isabel Hernández ha sido asesinada a tiros en un suceso ocurrido esta semana en el departamento guatemalteco de Suchitepéquez (sur), según informó Alianza por la Solidaridad, que advierte del riesgo de que el estado de sitio declarado en varias zonas del país derive en un aumento de los ataques contra defensores de los Derechos Humanos.
Hernández, una profesora de 35 años que ejercía de coordinadora de Medio Ambiente en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (Suchitepéquez), murió al recibir varios disparos en el marco de un ataque armado contra una procesión celebrada en la comunidad de Monte Gloria, donde vivía.
«La profesora lideraba iniciativas para promover la protección del medio ambiente y había dedicado gran parte de su vida a la sensibilización y a la recuperación de especies nativas para la reforestación comunitaria, para paliar los problemas ambientales que se enfrentan en la región, sobre todo por falta de agua», indicó Alianza por la Solidaridad.
La ONG ha denunciado que se trata de un «cobarde asesinato que se añade a los muchos casos de ataques a líderes que trabajan por el bien común» -un total de 39 entre 2017 y 2018- y que no han sido esclarecidos. Por ello, ha exigido una investigación «a fondo» para que este crimen «no quede, como tantos, impune».
Alianza por la Solidaridad ha enmarcado la muerte de Hernández en la escalada de violencia que sufre el país. «La situación en gran parte de Guatemala es caótica, sobre todo después de que el pasado 5 de septiembre se decretara el estado de excepción y, con él, la presencia del Ejército en los departamentos de Izabal, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén», ha indicado.
La ONG, así como otras organizaciones locales, teme que «se produzcan abusos en unas zonas que, precisamente, se caracterizan por una alta conflictividad social generada por grandes megaproyectos empresariales, como grandes hidroeléctricas, minería o agronegocios».
«El Gobierno ha utilizado la excusa de la muerte de tres militares en un enfrentamiento en Izabal para hablar de narcotráfico e imponer un estado de sitio que sirve para atacar resistencias, capturar liderazgos y así saquear los recursos«, ha dicho Julio González, del Colectivo Madreselva, que trabaja en colaboración con Alianza por la Solidaridad.
«Si bien debe investigarse el asesinato de los (tres) militares, desde las organizaciones defendemos que el combate contra el narcotráfico en Guatemala requiere investigaciones coordinadas de forma integral en las instituciones del Estado, incluyendo también el lavado de dinero y la corrupción», ha reclamado Alianza por la Solidaridad.
Además, ha reclamado a las autoridades españolas y europeas que «presionen al Gobierno de Guatemala para que cumpla escrupulosamente la normativa internacional y resuelva el grave problema del tráfico de drogas sin vulnerar los Derechos Humanos.
