Desde el 2017 El Salvador prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades, pero dos años después hay deudas pendientes de parte del Estado.
Rodolfo Calles de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) dijo que el Estado no ha hecho efectiva la búsqueda de otra actividad económica para los mineros artesanales.
Según Calles, “la ley específicamente expresa que daba de plazo dos años a los mineros artesanales para poder convertirse a otra actividad económica, pero que esa responsabilidad no sólo era de los mineros, sino que también del Estado salvadoreño (…) precisamente el llamado al gobierno de turno es a que dedique los recursos económicos necesarios para que pueda hacerse esta actividad y cumplirse con el mandato que la ley establece”, enfatizó Calles.
La ley también manda a hacer cierres técnicos de las minas, pero tampoco se ha hecho. Existen 15 minas que no han sido tratadas adecuadamente luego que entrara en vigencia la ley.
Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) dijo que mientras haya oro en el territorio existe la amenaza de la minería metálica. Considera necesario elevar a rango constitucional la prohibición de la minería.
González cuestionó el trabajo del Estado, desde el Gobierno específicamente para monitorear que efectivamente las empresas no están en el territorio. Añadió que la sociedad civil ha monitoreado que el cierre técnico de minas y el resarcimiento ambiental no se ha implementado. Dijo, además, que hay que tener cuidado “porque hay un mandato presidencial hacia el Ministerio de Medio Ambiente para que permita la inversión, que no detenga aquellos proyectos que sean para inversión económica y que no hayan trámites engorrosos”.
Para el representante de la UNES esto es preocupante porque el Ministerio de Medio Ambiente debería funcionar en el sentido de conservación y protección ambiental, “No es un Ministerio de economía”, enfatizó González.
Las organizaciones sociales piden resarcir a las victimas de la violencia provocada por la presencia de empresas mineras. A la Fiscalía General de la República le solicitan investigar las muertes de los ambientalistas asesinados por defender la vida de las comunidades.
