(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
El CNSM, se instaló esta vez con la anuencia de las tres partes que el reglamento interno define—3 por parte del gobierno, trabajo, economía y agricultura y ganadería—2 por parte del sector laboral y 2 por parte del sector empresarial. Y el mensaje principal se dio a los “inversionistas”, esto denota que los elementos históricos que han prevalecido y significado un abrumador sesgo en pro de los intereses empresariales parecen continuar.
Referirlo todo al nivel del diálogo, así como hacerlo sobre la base de lo técnico—es engañoso, las fuerzas tripartitas que integran el CNSM no son iguales ni siquiera equivalentes, los representantes empresariales son personas con mayores recursos por la gremial ANEP, la parte dominante de los intereses de las empresas; que mantiene un posicionamiento unilateral arrogándose la representación de todo nivel de empresarios que existe—y el gobierno caracterizado por alinearse a los destinos empresariales, con carteras diferentes nunca manifestadas en cohesión, la cartera de trabajo ostenta la Presidencia del Consejo, sin un peso importante para superar a Economía—y la representación del MAG, está allí para mantener en el atraso económico y salarial al agro—para diferenciar los salarios—campo y la ciudad; y las actividades económicas primarias (agro), secundarias (industria) y terciarias (comercio y servicios).
Históricamente el sector laboral ha estado cuantitativa y cualitativa en desventaja—la nueva composición en el CNSM veremos en dos años su labor, no ofrece términos de equidad o igualdad para tratar un tema tan importante para la vida económica de la gente; aumentar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras—y todo por cuanto el debate continúa teniendo sesgos fuertes en variables que hoy están más evidenciadas a saber: mujeres, jóvenes, discapacitados, con orientación sexual diferente, originarios, calificados y no calificados, etc. Es claro que ello demuestra un retroceso.
Y la composición de personas lo evidencia –sólo el sector laboral se atrevió a nombrar una persona mujer Fátima del Carmen García, eso demuestra que a pesar de dar cierto mensaje a los inversionistas—los intereses de las mujeres y de otros, continuarán desestimados, marginados o simplemente no tomados en cuenta—en el espacio del Consejo y que presionan por la integración de ideas políticas, económicas, sociales, culturales y medio ambientales al respecto.
El salario mínimo debe revisarse cada tres años art.159 C.T.—cuestión que estaría implicando un ponerse de acuerdo rápido, su instalación está dada, pero empezaríamos el 4° año (2020), esperaríamos la retroactividad de la decisión a que se llegue, también es importante que una revisión no garantiza un incremento, y es muy probable que la premisa falsa predomine, tales son los comentarios empresariales “que todas las decisiones se tomen bajo una base técnica y principalmente una base de predictibilidad y de sostenibilidad para la generación de empleos y de mantenimiento para los ya existentes”, dijo Rodríguez. Ese comentario sólo asegura la amenaza empresarial de siempre que no podemos aumentarlo, en tanto que si se hace sin se perderán empleos y no se podrán generar nuevos–y que las empresas entrarán en incertidumbre y la economía no prosperará.
El comentario gubernamental nos aleja de la realidad—el aumento al salario mínimo de dic.2016, no fue populista, ni político, fue técnico y realista. Se manifestaron en el seno del Consejo—un número de más de ocho propuestas de diferentes sectores—que en mucho superaban la propuesta a que se llegó—después de una valoración muy positiva, el gobierno anterior pretendió arrogarse todo el trabajo, ese fue su error, pues para un nuevo incremento al salario mínimo—se opuso férreamente y dejó al nuevo gobierno la decisión.
En el debate posterior sólo han querido enmarcar que la empresa privada se salió por otros efectos, lo más cercano a la verdad es que no vio una correlación de fuerzas que favoreciera sus intereses, y tomó la decisión unilateral de retirarse, acusando de supuestas acciones fuera del instructivo vigente; pero nada dijo de la subordinación que se manifestaba en todo momento con el sector laboral y gubernamental. ANEP con su accionar sólo demostró que no está dispuesto a equilibrar los intereses ni a generar una discusión en igualdad.
Las palabras sobran, mientras no se llegue a un incremento al salario mínimo, sólo va comprobar el fuerte poder decisorio del sector empresarial, y que el actual gobierno Bukele no está dispuesto a confrontar y favorecer a la parte laboral—que continuará por sumisión y clara desunión colectiva, ahogada en decisiones trascendentales, pero que aún no tienen la equidad y la fuerza para entender al sector dominante que la economía y el mercado interno dinamizado—tienen que ver con mejorar los salarios mínimos.
*Sindicalista salvadoreño