(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
Para comprender la coyuntura laboral habrá que evaluar aquellos asuntos laborales que no logran concretarse en una plena realidad para toda la clase laboral—como todo, las razones son políticas que sostienen las trabas para que muchas cuestiones de interés y necesidad para las personas trabajadoras no se resuelvan.
Tenemos pendiente políticas públicas vinculadas con la protección social—el presupuesto 2020—no definió recursos para darle viabilidad objetiva a la ley de protección y desarrollo social (2014), que va trabajando una serie de programas sociales que han sido desfinanciados o reducido sus posibilidades de desarrollo a programas diversos como el de paquetes agrícolas y agricultura familiar, entre otros.
Mucho de los aspectos contemplados en dicha ley se manifiestan en establecer claramente un proceso de avance en los derechos e informar a la Asamblea Legislativa art.49; donde se tendrá la definición del mínimo del derecho a cumplir, una efectiva progresividad, el mecanismo de participación y sobre todo una clara movilización en la disponibilidad de recursos. No se ve que las cosas avancen tal como se señala y, hay trabas en definir realmente el derecho a salario mínimo que constitucionalmente se dispone, el costo de vida, es un primer valladar dado que no se tiene una medición efectiva del mismo, y que claramente conocemos que debe satisfacer a una familia en el orden material, moral y cultural—si todos estamos al menos de acuerdo en el marco del respeto y cumplimiento de la ley—por qué el empresario no entiende los niveles de pobreza y desigualdad que aquejan a la familia salvadoreña en general.
El organismo público competente (DYGESTIC) para llegar a esta medición sólo entiende regirse de una forma superficial, sin ahondar en la directriz que establece la legislación laboral art.146, donde para tener claro el costo de vida, se deberán considerar los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud en una familia obrera campesina (rural) y urbana. Esto tiene que ver en que la actividad laboral que se realice en ningún momento deberá significar un menoscabo o negación de derechos de grupos laborales que tienen mejores condiciones referidos en un contrato individual de trabajo; o exista un contrato colectivo de trabajo en la empresa; reglamentos internos o costumbre de empresa.
Esto es claro, sin embargo las trabas se manifiestan en tanto se define el costo de vida como el doble de la canasta básica alimentaria, denominada canasta básica ampliada y, aunado a esto bajo una cantidad mínima de alimentos (22) como pan, tortilla, azúcar, frijoles, arroz, verduras, huevos, leche, grasa, carne y fruta; costo de la vivienda, vestuario y servicios básicos. Y los intereses empresariales incorporan parámetros como la productividad un término económico referido a la ganancia de beneficio de esa parte, pero de mayor negatividad para la persona trabajadora.
Para abril 2019, el costo de vida, referido a la canasta ampliada urbana $404.74 y rural $288.86, con ello estaríamos implicando que el salario mínimo debe tener ese valor, no obstante el actual salario mínimo está por debajo y mantiene diferencias según la actividad económica que realicen las personas trabajadoras: comercio; industria; servicios; agropecuario, la decisión del Consejo Nacional derivó en un importante incremento que aún no llena un cumplimiento cabal de lo legalmente constitucional.
De esto viene que algunos definen la calidad de la pobreza en tanto haya personas que en sus ingresos se acerquen y/o se alejen del valor que el organismo público define, sin ninguna validez a lo largo y ancho de todo el que hacer de una sociedad; y así definimos a la pobreza como absoluta, relativa y no pobreza. Es en tanto una maniobra del régimen político que quiere acallar la protesta con esa clasificación, haciendo que creamos que somos diferentes y que los empresarios que financian la producción son vitales, pero la verdad está en el espacio del Consejo del Salario Mínimo, que no quiere hacer la discusión y por un nuevo salario mínimo incrementado al valor que se acerque más a una realidad económica, que supere el empobrecimiento constante y la desigualdad social.
Las trabas políticas y de otra índole son obstáculos que necesitan moverse para llevar la corriente del progreso a otros niveles sociales, retomemos las capacidades de transformación social y vayamos en el compromiso de trabajar por la clase trabajadora, desenmascarando las fuerzas del poder coercitivo que alimenta una realidad que va mostrándose pasajera.
*Sindicalista salvadoreño
