A partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la mayoría de retenciones de personas en los Centros de Contención por no respetar la cuarentena son detenciones ilegales. A ellas se suma la gente que pasa en los Centros más días de los establecidos por la ley. Tratándose de ciudadanos que no han cometido delito y que permanecen retenidos en contra de su voluntad, más allá de las normativas de la cuarentena y bajo control de la PNC o la Fuerza Armada, hay la suficiente evidencia como para hablar del delito de privación de libertad, regulado en el artículo 148 del Código Penal, que dice textualmente: “El que privare a otro de su libertad individual será sancionado con prisión de tres a seis años”.
En el marco de la prevención del covid-19, este delito tiene una dimensión estremecedora por la dinámica de autoritarismo que subyace en él. En efecto, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya sobre la ilegalidad de retener a personas que, a juicio de miembros de la PNC o del Ejército, no cumplen con la excepcionalidad que faculta salir del domicilio en tiempo de cuarentena. El presidente ha desafiado a la Sala al afirmar públicamente que no cumplirá con algunas de las resoluciones de la Sala. Y ha acusado a todo el que no piensa como él de ser partidario de que muera gente en El Salvador. El número de los retenidos es, además, demasiado numeroso, superando ampliamente los mil.
El presidente y otros funcionarios justifican los procedimientos de retención de personas con el argumento de que son necesarios para salvar vidas y que el derecho a la vida es prioritario. ¿Se trata de un choque entre conciencia personal y legalidad jurídica? Desde una óptica racional, no parece que ese sea el caso. No hay conexión médico-científica entre el alargamiento de la cuarentena para personas sin síntomas de covid-19 y el riesgo de muerte o contagio si esas mismas personas están fuera de los Centros de Contención. Como tampoco puede deducirse una mayor mortalidad poblacional si a quienes no tienen justificación para salir de casa se les impone una multa y se les obliga regresar a su vivienda, en lugar de recluirlos en un Centro.
La única razón que parece existir para cometer el posible delito de privación de libertad es la cultura autoritaria, desde la cual se tiende a pensar que si los castigos no son duros, nadie obedece. Cultura que no es patrimonio exclusivo del actual Gobierno, sino que está extendida tanto en la gente común como en los ámbitos políticos, tanto de izquierdas como de derechas. Las excelentes medidas preventivas iniciales están quedando muy golpeadas por el modo autoritario de llevarlas a cabo. El mismo autoritarismo está de fondo en el desorden, mal funcionamiento y lentitud de algunos procedimientos sanitarios, además de la comisión de ilegalidades por parte de funcionarios.
Escuchar a la sociedad civil, mantener una actitud de diálogo con todos los órganos del Estado y cumplir con lo establecido por la Sala de lo Constitucional son los caminos para resolver adecuadamente los problemas. De lo contrario, continuaremos convirtiendo las leyes que rigen nuestra convivencia en papel mojado, continuaremos enfrentándonos y seguiremos buscando delitos para tomar venganza del que fue autoritario en la anterior administración. Y por supuesto, la próxima pandemia, terremoto o cualquier tipo de desgracia nos encontrará desprevenidos, al igual que ha sucedido con el covid-19.
EDITORIAL UCA.
