Este meteórico endeudamiento, 3 mil millones de dólares más, en escasos tres meses, deja a la economía del país de rodillas. Según especialistas, a partir de ahora de cada 100 dólares producidos en El Salvador, 91 dólares serán para pagar deuda. Esta realidad vuelve inviable una vida digna para todos. Por lógica se avecina una crisis sistémica en donde seremos afectados todos.
Por: Miguel A. Saavedra
Esta frase: “Van a tronar el país”, del diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rodolfo Parker, quedará en la historia, no por pueblerina o folklórica, sino porque resume la indignación de muy buena parte de la población, ante los desatinos y comportamientos erráticos del Ejecutivo y Legislativo, en asuntos de salud y economía, quienes la noche del 5 de mayo del 2020 llevaron al despeñadero y al abismo económico la maltrecha economía salvadoreña, al aprobar 1000 millones de dólares más en deuda.
“VAN A TRONAR EL PAÍS COLEGAS DIPUTADOS, si este documento se autoriza, así como está. Y por responsabilidad ciudadana y como Diputado de la República lo quiero dejar dicho en todas sus letras. Este es un mal documento que va a tronar la economía de mi país y va a afectar a la gente más necesitada de El Salvador”.
La Asamblea Legislativa aprobó, a medianoche y apresuradamente, una serie de medidas y decretos para poner en marcha en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Decretos mal escritos, ambiguos y con falencias: “Hay contradicciones entre los decretos, pues el decreto ejecutivo 21 (la intención es dejarlo derogado), sin embargo en el artículo 37 del nuevo dice que todo lo que contradiga queda fuera, pero van a quedar afuera todas las reglas de distribución de alimentos, van a quedar afuera los servicios financieros, es decir las excepciones que están consideradas en el 21, que son excepciones pocas por cierto, pero absolutamente esenciales, ya no vienen en el nuevo decreto”, les explicó el Diputado Parker (doctor en Jurisprudencia) al resto de diputados.
Más deuda. Con la soga al cuello.
Uno de los decretos aprobados fue el que permitirá adquirir, $1,000 millones que serán destinados (según los documentos) para poner en marcha programas de apoyo a empresas que estén siendo afectadas por la emergencia nacional ante el covid-19. Sin embargo, el dinero se dirigirá al Presupuesto General de la Nación, y se usará para devolver el IVA a exportadores y para pago de obligaciones con el sector privado.
Este fue uno de los decretos propuestos por el Ejecutivo, en coordinación con la empresa privada, en donde ni representantes de la clase trabajadora, ni organizaciones sociales, ni eclesiales, ni académicas, de ningún otro tipo participaron para nada.
De acuerdo al decreto el destino de los fondos se distribuirá de la siguiente manera: $140 millones para un programa de subsidios para empleados de micro, pequeñas y medianas empresas; $360 millones para un programa de otorgamiento de créditos en línea de capital de trabajo para empresas; $100 millones para un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal; y $400 millones para reforzar el Presupuesto General de la Nación. Los nuevos fondos aprobados son complementarios a los $2,000 millones que les otorgaron semanas atrás.
Este meteórico endeudamiento, 3 mil millones de dólares más en escasos tres meses, deja a la economía del país de rodillas. Según especialistas, a partir de ahora de cada 100 dólares producidos en El Salvador, 90 dólares serán para pagar deuda. Esta realidad vuelve inviable una vida digna para todos. Por lógica se avecina una crisis sistémica en donde seremos afectados todos, desde el campesino en las veredas de nuestros caminos rurales, pasando por el sector informal urbano y semiurbano, obreros y trabajadores, clase media y empresarial. Difícilmente alguien saldrá sin rasguños del derrumbe de la economía. El desempleo y el cierre de empresas de todo tipo ya ha comenzado.
Fusades, el tanque de pensamiento de la derecha ha sido contundente: “Solicitud de deuda es alarmante y deteriora situación fiscal”. Advierte que la deuda pública alcanzará hasta el 91 % del Producto Interno Bruto (PIB). Señaló que el “tamaño de las medidas no es proporcional” en relación con la capacidad fiscal del país ni con la caída proyectada del PIB.
Para estos especialistas de la economía, con el nuevo paquete de deuda de los $1,000 millones, el déficit fiscal se elevaría a 16 % del PIB y la deuda pública llegaría a 91 %. “Dada la fragilidad fiscal y el monto del endeudamiento que se está adquiriendo, se podría poner en peligro la solvencia futura del país.
Diversos sectores de la sociedad sostienen que “única opción viable” en El Salvador es la reapertura gradual de la economía, tomando los protocolos de prevención. Con medidas de apoyo a las empresa y familias “no implican” que se puedan mantener las restricciones a la actividad económica “por mucho más tiempo”.
“Urge definir una estrategia de reapertura gradual de la economía bajo nuevos protocolos de salud y de seguridad. Una estrategia exitosa es la que se puede balancear el resguardo a la vida y a los medios de subsistencia”, sostiene Fusades.
Proteger el empleo.
Ante esta realidad, conocida para el Ejecutivo y Legislativo, aprobaron una nueva ley que “protege” el empleo la cual contiene «medidas excepcionales y temporales para salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado».
Entre otros aspectos, la nueva ley establece un Programa de Subsidio para los Empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; la posibilidad de acordar, empleado y patrono, goce de las vacaciones individuales de forma anticipada y un programa de Otorgamiento de Crédito en línea de capital de trabajo para las empresas o empresarios salvadoreños registrados como patronos.
¿Cuándo terminará en realidad la cuarentena y podremos volver a las actividades productivas?
A criterio del representante de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud) en El Salvador, Carlos Garzón, la única manera de que eso ocurra será cuando 70 % de personas estén inmunizadas adquiriendo la enfermedad o con la vacuna.
Respecto al reinicio de las actividades, Garzón dijo que la OMS recomienda que eso se haga cuando sea posible «ir controlando la aparición de casos para que los pacientes tengan atención y servicios de salud»
