Sin embargo, la reivindicación que incluso costó vidas en el municipio de Cinquera corre peligro en la legislatura que comienza el próximo 1 de mayo, dominada por el derechista partido Arena y sus aliados.
Al respecto, varias organizaciones ambientalistas temen la derogación del veto a la minería metálica, que afectó principalmente a la oligarquía y a empresas trasnacionales que cabildean fuertemente por recuperar privilegios.
Según los resultados oficiales de los recientes comicios legislativos y municipales, Arena consiguió 37 escaños en el parlamento unicameral, por apenas 23 su contraparte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La formación salvadoreña de izquierda perdió la llamada llave del voto calificado en la Asamblea, que impedía a la formación tricolor legislar a conveniencia, y todo indica que los programas sociales serán sus primeras víctimas.
A Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, le preocupa, además, las intenciones de Arena si gana la presidencia de la República en 2019, pues sus pre-candidatos han negociado antaño con las corporaciones mineras.
Ante este escenario, los ambientalistas exigen que la prohibición a la minería metálica adquiera rango constitucional, para prevenir que la futura correlación de fuerzas inclinada a la derecha atente contra la sustentabilidad ambiental del país.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 29 de marzo de 2017 una ley para prohibir una práctica que genera más daños que beneficios, pese a las campañas que promueven una supuesta ‘minería responsable’.
Lejos de ser responsable como aseguraban sus defensores, la polémica actividad acabaría afectando a todo el país, debido al eventual impacto que tendría en el río Lempa, principal fuente de agua de El Salvador.
Esta iniciativa impulsada por el FMLN desde 2006 generó un consenso inusitado en esta nación tan polarizada, ya sea por conciencia medioambiental, por conveniencia electoral o porque era imposible obviar el clamor popular.
Para el país más pequeño de América continental, con una alta densidad poblacional, sería casi suicida abrirle las puertas a un procedimiento que arreciaría la crisis hidráulica, y afectaría a la agricultura, la ganadería, el agua, el aire y el suelo.
En 1996, el gobierno de Arena aprobó una Ley de Minería con incentivos para los inversionistas extranjeros, que comenzó a otorgar licencias para la exploración de oro y plata, que pronto encontraron resistencia.
De hecho, en Chalatenango y Cabañas nacieron las luchas ambientalistas, aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, cuya constitución en 2006 amplió la presencia de estas reivindicaciones en la esfera pública, con importantes logros.
Su labor forzó a la empresa canadiense Pacific Rim a suspender en 2008 el proyecto El Dorado, en Cabañas, donde el asesinato de tres activistas no impidió que la gente saliera a las calles para defender su derecho a respirar aire puro y beber agua limpia.
