Después del D.L 787 del 28 de septiembre 2017, que avaló la reforma de pensiones, que implicó la confirmación de la cooptación completa por parte de las administradoras de fondos de pensión de los fondos de pensiones de las personas trabajadoras. Se aumentó la cotización en un 1% a la parte patronal y a la cotización de trabajadores(as) llegando a determinar el 7.25% del salario, una de las más altas tasas de cotización en la región.
Lo que implicó entrar en mayores sacrificios, en un efecto negativo y directo al poder adquisitivo del salario mínimo incrementado (ene2017) y de otros grupos laborales que se encuentran en materia de ingresos, bajo los niveles de una cobertura satisfactoria y efectiva de las necesidades básicas para el desarrollo humano salud, transporte, vivienda, educación, comunicaciones, recreación, alimentación y que también fue afectado por la supresión de los subsidios a la energía eléctrica y otros servicios públicos necesarios.
La posición sindical era que el sector empleador asumiera el incremento del 2%. Y la manera como se aprobó la reforma dejó el camino allanado para la decisión futura de un aumento de las edades—y ahora con una correlación legislativa en favor de los que avalaron la ganancia y el negocio para las afp, queda claro que el sistema de pensiones actual va en detrimento de la humanización, y de una efectiva protección social del derecho humano ante la eventualidad de la muerte, la accidentabilidad común y la vejez.
La bandera de lucha en este UNO de MAYO es por una estatización del sistema de pensiones, se ha retomado por el movimiento sindical consecuente los intereses de la gente. Y pasa por reconocer que el derecho social a una pensión, no puede estar sujeto a las reglas y vaivenes del mercado, ni se trata de algo de carácter financiero—que califique dicho derecho como una prestación y no como un derecho humano fundamental—
La reforma de pensiones modificó radicalmente la escasa visión que se sostenía en materia socio laboral—pues se debatía el problema de los bajos montos de pensión, y el difícil cumplimiento de los requisitos para gozar de una pensión que provocaban la devolución del ahorro y no una pensión para la cual se había cotizado un número de años determinados.
La situación de pensiones pasó de un sistema público (INPEP/ISSS) obligado a dar protección social (1996), a un sistema privado que no está obligado a cumplir con esa función, pues de lo que se trata es de apropiarse de los fondos de pensiones para “administrarlos” cual si fuese un banco—sólo que en este tipo de banco por las cotizaciones que realizan las personas trabajadoras, éstas tienen que pagar por que se les administren los fondos.
Esto tiene como base la lógica económica mercantilista que domina la corriente del país, que sustenta el modo de producción de bienes y servicios con carácter explotador y expoliador que no garantiza el derecho al trabajo, que genera una alta rotación (inestabilidad laboral alta) y que paga míseros salarios que no resuelven las condiciones de vida de las personas trabajadoras.
Esta realidad hace que las AFP no tienen ni han tenido el interés de garantizar una pensión que proteja socialmente de alguna eventualidad durante el proceso activo laboral. Sino está en el hecho de cobrar un porcentaje por una administración y la oportunidad del uso de los fondos económicos al apoyo financiero de actividades económicas que mantienen los grupos económicos dominantes del país, tanto los propios dueños de las AFP, como otros grupos corporativos capitalistas.
El sistema de pensiones pasó a ser cooptado por los intereses hacendarios y financieros, dejando de lado el interés social y, por consiguiente es seguro el desmejoramiento de los montos de pensión y el no cumplimiento del fin social de otorgar seguridad social en el momento donde se llega al proceso pasivo –la adultez mayor—. La situación prevaleciente es la de una “devolución de lo ahorrado” que en la mayoría de los casos es insuficiente para garantizar una vejez, y en montos mensuales hasta terminarse.
La correlación legislativa a partir del uno de mayo, dispondrá de un escenario bastante negativo para llevar el sistema de pensiones de lo actualmente privado a lo público. En consecuencia habrá que entender la situación del derecho a pensión, habrá que presionar para que vuelva al seno legislativo el debate, y habrá que movilizarse masivamente y accesar a una reforma que pueda conducir a la estatización del sistema de pensiones.
*Sindicalista salvadoreño
