La campaña electoral, según la legislación nacional, comienza dos meses antes de las elecciones para diputados y diputadas y un mes antes para alcaldes y alcaldesas. Y aunque las elecciones están programadas hasta el 28 de febrero de 2021, desde hace meses la política electoral comenzó a inundar la agenda pública. Quien tomó la delantera en este cometido fue el mismo gobierno, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. El tristemente recordado 9 de febrero, frente a la Asamblea Legislativa, el presidente dio una arenga con claros tintes electorales.
Al iniciar la pandemia, el mandatario advirtió que no era hora de pensar en elecciones sino de unirnos por el bien de todo el país ante la emergencia sanitaria, pero él hizo lo contrario, confirmando lo que es una constante en su modo de actuar: decir una cosa y hacer lo contrario. Despotrica contra el nepotismo y construye un gobierno familiar; hizo de la anticorrupción su principal bandera de campaña, y no rinde cuentas de lo que gasta y, cuando el periodismo de investigación revela actos de corrupción de sus funcionarios, la emprende contra los medios y no contra los señalados; dijo que no le habían dado ni un centavo partido por la mitad, y ha contado con cientos de miles de dólares para esta emergencia; afirma que respeta a la prensa independiente y a renglón seguido la descalifica. En el primer discurso del presidente en la Asamblea General de la ONU dijo que, queramos o no, el mundo virtual es el mundo real. Sin embargo, mientras dice que no tiene dinero para pagar al órgano legislativo, el gobierno gasta cantidades hasta hoy desconocidas de dinero público en contratar a decenas de periodistas y comprar equipo para lanzar sus propios medios tradicionales que se encargarán de vender la versión del gobierno. Lo hecho hasta hoy por el Ejecutivo revela que su estrategia es ganar las próximas elecciones en el campo de los medios de comunicación, tradicionales y digitales. Si lo que se dice en ellos corresponde a la realidad no es importante para el gobierno; lo crucial es ganar las elecciones para consolidar un poder que permita la cooptación de los otros dos poderes del Estado y de las instituciones de control.
Se perderá entonces en su propia miopía quien no acepte que, a estas alturas, para entender bien todo lo que hace el gobierno y también los partidos políticos de oposición, se necesitan lentes electorales. El retraso del salario de septiembre para los empleados de los órganos judicial y legislativo, la retención de las pensiones a los veteranos, la demora en la entrega del Fodes a las municipalidades, son decisiones políticas más que técnicas. Incluso la formulación del presupuesto general del Estado es una decisión calculada electoralmente porque la formulación del presupuesto es siempre una decisión política que subordina los criterios técnicos. Ya sea que realmente el gobierno pretenda que le aprueben esa suma poco realista para el país o que se haya presentado así con la intencionalidad de que sea rechazado, las decisiones son políticas y los fines electoreros. Por su parte, un poco perdidos en el desierto, los partidos políticos tradicionales y los emergentes, buscan labrarse un espacio entre las preferencias electorales, sin poder descifrar cómo contrarrestar el poder avasallador del presidente. Su empeño en oponerse a las propuestas del gobierno y desenmascarar el uso indebido de los recursos, parecen palos de ciego que resultan infructuosos, no solo por la incondicional y, a veces inconstitucional, sumisión de la policía y el ejército al presidente, sino también por el respaldo masivo que le otorgan las encuestas al presidente y a sus decisiones. En medio de todo queda, como siempre, el pueblo salvadoreño. Si en ocasiones anteriores ha demostrado cansancio por las campañas sucias, la población debe prepararse bien para asistir a uno de los espectáculos más tristes y lamentables. Todo apunta a que nos espera una exhibición de lo peor de la vieja política, aunque se presente en odres nuevos. Las estrategias están claras, aunque no tanto los objetivos. El gobierno pondrá todos los recursos del Estado para arrasar electoralmente y la oposición hará lo posible por evitarlo. Pero hay una pregunta que todavía queda flotando en el ambiente. ¿Para qué quiere el poder total el presidente Bukele? La respuesta parece lógica pero no lo es tanto. Mientras no se conozcan claramente los intereses que están detrás de su proyecto, por ejemplo, quienes financiaron sus campañas anteriores, será difícil definir el alcance de tanta ambición.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 18.
