En medio de las quejas del Gobierno por falta de fondos debido a la covid-19, el Ministerio de Relaciones Exteriores modificó su Reglamento Interno de Trabajo para recetarle a sus empleados un bono adicional de $1,000, que comenzará a pagarse desde este mes.
Las modificaciones al reglamento se publicaron en el Diario Oficial del 1 de diciembre. En específico, la canciller Alexandra Hill aprobó modificar el artículo 42, donde se establece un bono de $1,000 para todos los servidores públicos del ministerio, en concepto de «apoyo a la economía familiar».
Antes de las reformas, ese bono solo se entregaba en junio, pero ahora también se desembolsarán otros $1,000 por empleado en diciembre. Según los cambios, si por «limitaciones presupuestarias» no puede entregarse el mencionado bono, la Cancillería desembolsará un monto «complementario al establecido en la Ley sobre Compensación Adicional en Efectivo», de manera que los empleados siempre reciban los $1,000.
Según los considerandos del Acuerdo 1159/2020, esta reforma era necesaria para adaptar el reglamento «a la realidad laboral actual» y porque es obligación de los funcionarios «mantener actualizados los manuales, reglamentos e instructivos».
La decisión de Cancillería contrasta con las declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. En repetidas ocasiones, el funcionario ha asegurado que el Gobierno no ha podido pagar obligaciones como el Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (Fodes) porque la crisis económica ocasionada por el coronavirus no ha permitido cumplir las metas de recaudación de ingresos.
Este mismo argumento utilizó Zelaya para justificar atrasos en los pagos de los salarios de empleados de la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial. Incluso señaló que este problema de recaudación lo obligaba a «priorizar gastos», como los salarios de personal sanitario y personal de seguridad público.
Según datos de Hacienda publicados en el portal gubernamental Transparencia Fiscal, entre enero y diciembre el fisco recaudó $4,401.3 millones en ingresos tributarios y contribuciones, $734.8 millones menos de lo que se tenía previsto recolectar en ese mismo periodo. En comparación con la recaudación de los primeros 11 meses de 2019, el monto actual se redujo en $361.1 millones. No obstante, el Gobierno ha tenido acceso a unos $3,000 millones en deuda pública durante el año, tanto de largo como de corto plazo, para atender estas deficiencias presupuestarias.
