A juicio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, con la llegada del Gobierno en junio de 2019, se inició un proceso de regresión en el cumplimiento de los Derechos Humanos de la población y un desmontaje de la institucionalidad en el país.
En el estudio titulado “Impacto de la pandemia COVID-19 en los derechos humanos y la seguridad pública. Marzo – noviembre 2020”, quedó evidenciado que el avance de las violaciones a los derechos humanos se aceleró, según dijo el director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños.
La respuesta a la pandemia por parte del Gobierno salvadoreño fue punitiva y no epidemiológica, lo que produjo una serie de acciones en detrimento de la garantía de los derechos humanos y la institucionalidad del país, según explicó Héctor Carrillo, director de acceso a la justicia de FESPAD.
Para la experta en temas de seguridad pública, Jeannette Aguilar, desde la guerra en el país no se habían cometido graves y masivas violaciones a los derechos humanos como las que hubo en el contexto de la pandemia, sobre todo con el uso discrecional de la Fuerza Armada y de la PNC.
El informe de FESPAD “Impacto de la pandemia COVID-19 en los derechos humanos y la seguridad pública. Marzo – noviembre 2020” fue presentado en el marco del proyecto “Construyendo Paz”.
En el documento se recomienda al gobierno, adoptar un marco normativo y operacional acorde con las directrices de Derechos Humanos para la gestión de la pandemia, balanceando la protección de la salud con los derechos a la libertad y la seguridad; la corrección de abusos, reparación de las personas afectadas y garantías de no repetición; activar controles políticos y judiciales para revisar las acciones implementadas y tomar medidas urgentes en la justicia penal.
