Por: Luis Arnoldo Colato Hernández.
Los Estados son la suma, entre otros, de un elemental pacto social entre gobernados y gobernantes, determinante de derechos y deberes que todas y todos debemos cumplir; en tal sentido sus alcances se encuentran delimitados constitucionalmente, determinándose también, sus límites.
De tal suerte personas como instituciones tenemos un rol asignado, para el cual nos preparamos y ejercemos, por lo que cualquiera tarea fuera de lo señalado por el marco legal, simplemente se clasifica como “Falsedad Material”, al intentar un ejercicio no correspondido.
Podemos ilustrarlo con un sinsentido, con una exageración ridícula imposible, que es el caso de un docente ejerciendo las funciones de un médico, lo que es inviable, puesto que carece de la formación idónea para realizar tales tareas, y en el mejor de los casos, sí para atender lesiones menores, para lo que sí debe prepararse, puesto que su labor entraña algún accidente entre sus educandos, para lo que mínimamente deberá detentar una formación básica de primeros auxilios, que sin embargo no lo dispone para atender lesiones graves, que impliquen por ejemplo alguna cirugía, para lo que sí está formado el médico.
En esa vía, suponer que un profesional de las armas, un miembro del ejército, es capaz de irrumpir en la cosa pública, es igual que afirmar que las vacas vuelan, pues su formación y la experiencia, demuestras que simplemente es incapaz.
Hay quien afirma lo contrario, asegurando que los años de gobiernos militares [1931 – 1979], fueron prósperos, de orden, y sobre todo, de progreso, pero tales afirmaciones se basan en falsos supuestos, literalmente porque se sustentan en la tradición oral, no en hechos, pues basta recordar que el militarismo se instala en nuestro país luego de un cruento golpe de estado, seguido por la masacre de miles (hasta 35, 000 en un primer momento) de ciudadanos asesinados en un vasto operativo etnocida, aún impune, cuyo único propósito fue el negar a los participes su derecho a la tierra, misma que le fue sustraída por decreto, hacia finales del siglo 19, por la dictadura de los Menéndez, y para crear el parque cafetero, sin costo para los beneficiados, y sí generando la pobreza que aún agobia al país, por lo que la prosperidad en cuestión es solo para ésas élites, el 1% de la población – FMI/BM/BID -, lo que garantizo siempre las FFAA presta a reprimir a la población, de lo que da cuenta todas las masacres ejecutadas cuando la ciudadanía protesto demandando la democratización del país {Historias de El Salvador y Centro Americana, tomos 2}, por lo que la evidencia desmonta los mitos argüidos por quienes quieren justificar la activa participación política de la FFAA cuando su función se encuentra claramente determinada por la Constitución, y en ella se le niega contundentemente tal papel.
Entonces, el objeto es el mismo: el orden y la complacencia, lo que es improbable si no se desmontan las causales de la conflictividad social, y que se encuentran precisamente en los privilegios de clase que las FFAA resguardaran.
