Según datos oficiales, en 2020 se registraron 1,332 muertes violentas, lo que significa una tasa anual de 19.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El informe de Derechos Humanos 2020, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, afirma que aunque el descenso de los homicidios ha sido constante desde el año 2015, es todavía alto, lo que representa que continúan siendo una epidemia en El Salvador
El director del IDHUCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira, dijo que el Estado debe poner su interés en que las cifras bajen de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, el Informe de Derechos Humanos del IDHUCA, destaca que el año 2020 comenzó con una nueva ley de justicia transicional en la que después de un largo tiempo en el que los diputados buscaban descaradamente la impunidad de los victimarios, llegaron a un relativo acercamiento con defensores de víctimas. Pero entre el veto presidencial y la pandemia, la ley quedó en el olvido.
Mientras el caso El Mozote y lugares aledaños, el único que ha llegado a los tribunales tras la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y que tiene problemas en su avance, los casos mencionados por la Comisión de la Verdad o los más de 70 casos presentados en sede Fiscal por el Idhuca no han logrado ser presentados todavía ante los jueces. Para Tojeira, el sistema judicial es una vergüenza absoluta.
En el Informe de Derechos Humanos 2020, el IDHUCA recomendó al Estado salvadoreño revisar y adecuar a un funcionamiento eficaz los sistemas de control interno del Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil; y al Órgano Judicial recomendó Superar la lentitud que lo caracteriza, especialmente en los niveles superiores, haciéndolo caer en serias retardaciones de justicia y centrar más la justicia en la víctima, en su reparación y apoyo, que en el castigo del victimario.
