Sólo la vigorización sistemática y permanente de las organizaciones populares puede garantizar la consolidación y profundización del Proceso de Cambio.
Por Alejandro Dausá.
El contundente resultado de las elecciones generales de 2020 dejó en claro que el MAS-IPSP es el único partido político con una trayectoria apreciada por amplios sectores de la ciudadanía, un programa de gobierno responsable y verificable durante la última década, y presencia real en todo el territorio nacional. Sin embargo, las elecciones subnacionales 2021 presentan sorpresas, desconcertantes unas y peligrosas otras. Para el primer caso, la ampliación del Movimiento Tercer Sistema en regiones alejadas del altiplano de La Paz, donde surgió. Para el segundo, el triunfo de la oposición en tres de las cuatro principales alcaldías del país, pero en particular en la gobernación del Departamento de Santa Cruz, donde fue elegido con un significativo número de votos el golpista L.F.Camacho.
La contienda, que fue postergada por el golpe de Estado y la pandemia, refleja una vez más las dificultades del actual partido de gobierno para ganar los centros urbanos con mayor población, aunque permanece firme en algunas ciudades intermedias, pequeñas y definitivamente en el área rural (de hecho ha triunfado en un 70% de los municipios del país). La ventaja en todo caso es que ahora existe un mapa político mucho más definido, como oportunidad beneficiosa para una coordinación eficiente desde el gobierno nacional.
Por el lado negativo, los resultados de las elecciones subnacionales son también la chispa de arranque que necesitaban los diferentes grupos y sectores de derecha para transitar de las operaciones de acoso y desgaste, protagonizadas principalmente por corporaciones de médicos y productores de soja en las primeras semanas de gobierno, a otras de acoso y derribo, que se han potenciado a raíz de la detención de Jeanine Añez, algunos de sus ministros, y varios jefes militares. El objetivo es ya no sólo esmerilar al gobierno de Luis Arce, sino amenazarlo pública y directamente con el derrocamiento. Paradójicamente, son esos mismos sectores de la derecha los que niegan el golpe de 2019, indicando que lo que sí existió fue un fraude electoral promovido por el MAS-IPSP y luego un proceso de transición legítimo y legal, avalado por una heroica y multitudinaria gesta ciudadana. Dicha épica fue y es promovida por potentes campañas mediáticas, opinadores, analistas, oenegés, iglesias y redes sociales.
A los deshilachados y conocidos dirigentes políticos afines al neoliberalismo que defienden esa explicación, se sumaron hace escasos días los obispos católicos, justificando las acciones antidemocráticas del año 2019, de las que ellos mismos fueron protagonistas activos desde una especie de “mesa coordinadora” autoelegida, que forzó la sucesión presidencial obviando la Constitución y a la mayoría de diputados/as y senadores/as, pero respaldada en grupos de choque paraestatales, policías amotinados y Fuerzas Armadas insubordinadas. Como es natural, en su relato silencian la violencia ejercida contra vastos sectores populares, la persecución desatada contra autoridades, funcionarios y simpatizantes del MAS-IPSP, el acoso contra periodistas, el cierre de medios de comunicación, etc. Para los golpistas resulta imperioso negar el golpe, ya que como señala el filósofo boliviano Rafael Bautista “…Los fascistas necesitan imponer el relato del fraude y negar, contra todo argumento, el golpe: si no hay golpe no hay víctimas, son “salvajes”, ergo, merecen desaparecer”.
La negación de las víctimas, calificadas una y otra vez como hordas, narcoterroristas, o bestias humanas, fue la tónica dominante en funcionarios del gobierno de facto y sus cómplices. Contaron (y cuentan hoy) con el formidable apoyo de los medios de comunicación dominantes, que operan como un auténtico y sólido partido político, construyendo sentido común y formateando la conciencia de la ciudadanía en torno a la idea general de que no se debe alterar el orden social capitalista ni las relaciones de poder tradicionales. Dan a entender de manera sistemática que las modificaciones producidas durante el Proceso de Cambio fueron una anomalía que debe ser rectificada, y no pierden oportunidad de caracterizar a Evo Morales como un monstruo, epítome de una indiada revoltosa que hay que borrar de la faz de la tierra.
Golpe de nuevo tipo
Por medio de un golpe de nuevo tipo, y el subsiguiente gobierno de facto, a Bolivia se le aplicó lo que calificamos como “salida imperial a la crisis multidimensional”, una fórmula a beneficio de las estrategias de los EEUU en el hemisferio. Funcionó en base a tres ejes:
1.Cesión de la soberanía nacional y reposicionamiento geopolítico del país, de acuerdo a los intereses del Departamento de Estado de los EEUU y sus socios, apartando a Bolivia de instancias y articulaciones promotoras de la Patria Grande.
2.Quiebre de la economía nacional a través de la ausencia de inversión pública, paralización de empresas estatales estratégicas, sometimiento al FMI, y beneficios irrestrictos a grupos empresariales locales. Los numerosos casos de desfalcos, estafas y sobreprecios durante el gobierno de facto fueron sólo el costado anecdótico de un plan destinado a convertir a Bolivia en un país sojuzgado e inviable.
3.Imposición de una cosmovisión de matriz bíblico-fundamentalista, patriarcal, patronal y racista. Hay que mencionar que este eje es singular, ya que no tuvo una presencia tan notable en otros golpes de nuevo cuño en nuestra región (Honduras, Paraguay o Brasil, por ejemplo). Dicha cosmovisión se presentaba por los golpistas bolivianos e iglesias cómplices en clara confrontación con el modelo de país plurinacional y multicultural, fruto de siglos de lucha por parte de los pueblos originarios. Se intentó forzar contra dicho proyecto una estructura piramidal, de pretendido origen divino, con un reducido número de personas en el vértice superior destinadas a mandar, y vastos sectores de la población en la base, condenados a renegar de sus identidades y reducirse a la servidumbre. Nutre y fascina sin dudas a sectores de la ciudadanía que no pertenecen a las clases dominantes pero también aborrecen el país en el que viven; en ellos funciona la lógica aspiracional y un enquistado sustrato racista, fortalecidos con los efectos de la ola de derechización e incluso fascistización que recorre el planeta.
Como ya expresamos, luego de las elecciones subnacionales 2021 se ha revitalizado el embate de la derecha, atrincherada por el momento en los Departamentos de Santa Cruz y Beni, en espera de los resultados de balotajes para las gobernaciones de otros distritos y con el objetivo de un posible ensanchamiento del frente antipopular.
Sin embargo, es importante advertir que para numerosos sectores populares bolivianos, el año y medio transcurrido desde el golpe de Estado produjo múltiples aprendizajes y dinámicas: 1) La constatación fáctica de lo que implica y produce un gobierno neoliberal en las condiciones mundiales actuales. 2) La voluntad de movilización con estrategias unificadas, y la importancia de acciones de reacción temprana frente a los avances de fuerzas reaccionarias. 3) La valoración positiva del 55% obtenido en las elecciones presidenciales como capital político no negociable. 4) La relevancia de recursos como redes sociales y medios de comunicación alternativos frente a la mediocracia imperante.
El gobierno del binomio Arce-Choquehuanca tiene varios frentes abiertos: sanitario, económico, laboral, financiero, productivo, judicial, y más recientemente el de la reanimada ofensiva conservadora (para no mencionar los interrogantes que penden sobre la fiabilidad de las fuerzas de seguridad…). Son demasiados. Como ventaja, hasta el momento no padece la especie de sopor que afectó los últimos tiempos de la administración de Evo Morales. Por el contrario, parece comprender que sólo la vigorización sistemática y permanente de las organizaciones populares puede garantizar la consolidación y profundización del Proceso de Cambio.
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Fuente: ALAI
