Se suele decir en todos los estamentos de justicia y seguridad que hay que dar prioridad a las víctimas. Sin embargo, falta aún mucho para que eso sea una realidad. Un ejemplo evidente de las carencias al respecto ha sido el modo de cumplir una sentencia judicial que obligaba al director de la PNC a pedir disculpas públicas por la muerte en 2017 de José Mauricio Salazar, un joven sordomudo asesinado por la espalda mientras caminaba y acusado de pertenecer a las pandillas. Los policías manipularon la escena del crimen poniendo una pistola en manos de la víctima y declararon que había fallecido cuando ellos, en defensa propia, respondieron a un ataque de pandilleros.
En un primer momento, tanto los jefes de los agentes como los fiscales dieron por buena la versión de los victimarios. Luego de que Idhuca presentará pruebas de la discapacidad y del buen comportamiento comunitario del joven, se abrieron las investigaciones que el caso ameritaba. El policía que disparó y asesinó a Salazar fue juzgado y sentenciado, mientras que los dos que contribuyeron a manipular la escena del crimen y encubrieron a su compañero continuaron de alta en la institución. La petición de disculpas por este crimen se realizó cuatro años después del asesinato. Lo que debía ser una actitud propia y decente desde el primer momento llegó años después y solamente porque hubo una orden del juez.
Además, el director de la PNC, aunque en un momento usó la palabra “asesinato”, se refirió varias veces al hecho como “un error en un procedimiento policial que provocó el fallecimiento de una persona”. Repetir la palabra “error” cuando en términos jurídicos se trata de un homicidio agravado no fue respetuoso con José Mauricio Salazar, ni con sus familiares, ni con el hecho en sí mismo. A ello se añade que el trato que dio el director al padre de la víctima, presente en el acto, no tuvo la dimensión humana obligada. El director entró en el lugar destinado al acto de reparación, leyó su comunicado de cumplimiento de la sentencia, defendió al cuerpo policial en general y se fue sin acercarse al padre de Salazar ni decirle una palabra de solidaridad personal.
En contraste, es digno de alabanza el juez del caso, que en su sentencia ordenó una reparación para con las víctimas. No todos los jueces lo hacen, pero poco a poco se va avanzando en considerar los derechos de las víctimas más allá del castigo a los victimarios. Mientras las instituciones y sus autoridades no tengan mayor empatía con las víctimas, será casi imposible alcanzar los niveles de confianza necesarios para investigar adecuadamente los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Un mundo y una sociedad sin víctimas parece una utopía, pero hay que trabajar en esa dirección. Uno de los medios básicos para avanzar al respecto es el apoyo no solo a ellas, sino también a sus familiares. Frente a cualquier abuso o delito, la solidaridad con la víctima debe ser prioritario. Al delincuente hay que sancionarlo, por supuesto, pero la prioridad debe ser siempre el servicio y la reparación a la víctima. Porque sin atención a ella, no hay verdadera justicia.
EDITORIAL UCA
