No son pocas las sospechas de corrupción que arrastra el Gobierno de Nayib Bukele, especialmente por varias de las acciones que tomó para enfrentar la pandemia. Hay datos que muestran que funcionarios, miembros de Nuevas Ideas y familiares de ellos se han beneficiado en diversos procesos del Estado. Para esto han utilizado los métodos tradicionales para lucrarse con fondos públicos: realizar o participar en compras evadiendo los procesos de contratación y licitación pública a los que están obligados, y a precios mucho más elevados que los del mercado. La administración de los centros de cuarentena, la adquisición de equipos de protección y bioseguridad (algunos de ellos inservibles), la entrega repetida de la ayuda de 300 dólares a una misma persona, la compra de alimentos para ser distribuidos entre la población, las remodelaciones en los hospitales y la construcción del Hospital El Salvador son algunos de los casos que más han llamado la atención.
Según lo publicado en medios de comunicación, la Cicies, la organización de la OEA conformada a solicitud del Gobierno para combatir la corrupción en el país, investigó y encontró al menos 12 casos de irregularidades en el Ministerio de Salud, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para llevar a los responsables ante la justicia. La respuesta gubernamental no ha sido la prometida: luchar contra toda corrupción, venga de donde venga. Al contrario, se ha optado por ocultar los hechos, imponiendo reserva de información para impedir que los organismos de control del Estado y la ciudadanía conozcan el uso que se está haciendo de los fondos públicos. En esa línea, el Ejecutivo ha puesto obstáculos a la labor de la Corte de Cuentas, ha neutralizando al Instituto de Acceso a la Información Pública, se negó a dar cuentas a la Asamblea Legislativa y dificultó el trabajo de la Fiscalía.
El 4 de mayo, la Asamblea Legislativa fue mucho más lejos y, con dispensa de trámite, aprobó una ley que dejaría impune la corrupción en el Ministerio de Salud. Con ello queda claro hasta dónde es capaz de llegar el Ejecutivo para disponer a gusto de los recursos públicos y proteger tanto a sus funcionarios acusados de hechos ilícitos como a las empresas que han hecho negocio con ellos. Para que la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19, mejor conocida como “Ley Alabí”, no tuviera una breve existencia, era urgente apartar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues de lo contrario habría sido declarada inconstitucional. Y con el propósito de tener aún mayores garantías, se destituyó al fiscal general y nombró uno afín al Gobierno. Ahora, el círculo del ministro Alabí y los empresarios que han participado en diversas corruptelas pueden operar en paz.
Por decreto legislativo se ha otorgado inmunidad a sospechosos de acciones corruptas, ilegales; entre ellos, funcionarios que llegaron al poder prometiendo probidad y transparencia, y cumplir la Constitución. ¿En qué se diferencia esto de lo sucedido durante las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes? ¿Para quién serán realmente buenas y nuevas las ideas? En apenas una semana de estar en funciones, la Legislatura 2021-2024 ha emulando ya algunas de las peores prácticas de antaño. De seguir así, no tomará mucho tiempo antes de que los nuevos diputados del presidente, sus fieles sirvientes, caigan en el descrédito y el rechazo ciudadano que por siempre ha caracterizado a la Asamblea Legislativa.
EDITORIAL UCA.
