En el marco del juicio contra Roberto David Castillo Mejía, miembro directivo de la empresa DESA acusado de coordinar el asesinato de la defensora Berta Cáceres, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería-ACAFREMIN se solidariza con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y todos los pueblos indígenas y campesinos que demandan justicia ante la imposición de un modelo económico global que fomenta el despojo de los bienes comunes de Honduras y toda la región centroamericana.
La lucha por la justicia para Berta, es una lucha emblemática que evidencia la participación de operadores políticos y militares que confabularon con instituciones financieras nacionales e internacionales para fomentar corrupción, persecución y despojo de las riquezas del pueblo lenca. Estos operadores son los mismos que implementan andamiajes legales que debilitan el Estado de Derecho, cooptan los sistemas de justicia y utilizan estrategias de criminalización a líderes y lideresas para garantizar el acceso a los bienes comunes.
Las victorias políticas y legales alcanzadas en condiciones extremadamente adversas por el movimiento que busca justicia para la compañera Berta Cáceres, reafirman la legitimidad de las demandas de las comunidades Lencas que se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. La condena de los asesinos materiales de Berta en el 2019, el juicio actual contra Roberto David Castillo Mejía, autor intelectual del crimen, y la reciente desinversión FMO de banco FICOHSA revelan un reconocimiento tácito de la violencia que permea el sistema.
Centroamérica es una región que alberga a países que tienen riqueza natural y biodiversidad compartida y están conformados por diversos pueblos ancestrales que aportan conocimientos y prácticas culturales que han a la humanidad. Pero la presencia de las industrias extractivas ha provocado la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestra cultura, el empobrecimiento y desplazamiento de nuestros pueblos, y la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más visible has sido cruel asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con la defensa de los derechos de los pueblos y la madre naturaleza.
Nos preocupa la intensificación de la economía extractivista que se ha desatado en la región a partir de la Pandemia COVID 19 ante lo cual reiteramos nuestras demandas por construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.
Como alianza demandamos que el Estado hondureño y todos los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas, y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.
Hacemos eco a las demandas del COPINH y los pueblos en resistencia en honduras y exigimos al Gobierno de Juan Orlando Hernández:
1. Que se revierta todo el modelo de concesiones inconsultas en todo el territorio nacional.
2. Que se respete el derecho de las comunidades a participar de los procesos anticorrupción que involucran a los proyectos de muerte.
3. Que se proceda a cancelar inmediatamente la concesión al Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”.
4. Que se condene con todo el peso de la ley a Roberto David Castillo Mejía.
5. Que de manera expedita se libren las órdenes de captura a los autores intelectuales del crimen de la compañera Berta Cáceres.
6. Que el pueblo trabaje arduamente por construir un modelo económico, político y de vida basado en el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.
Mayo 21 del 2021.
