Los recientes allanamientos ejecutados por la FGR y la PNC contra varias ONG’s, con el propósito de secuestrar documentación o pruebas que demuestren la denunciada recepción de coimas desde los gobiernos pasados, son evidencia del regreso al estado fascista y represor que produjo el conflicto armado último que sufrimos como sociedad, y que aún, transcurridas tres décadas desde su finalización, no superamos por la resistencia de los sectores conservadores que, revisionistas como son, niegan su responsabilidad en aquella sangría de inocentes, entera responsabilidad del estado a través de sus agentes en una continuada y sistemática supresión de opositores aún impune.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
De aquellos días podemos recordar eventos como el bombardeo de FENASTRAS y el consecuente asesinato de varias de las civiles que ahí se encontraron en aquel momento, también responsabilidad del estado por intermedio de sus organismos de seguridad, que por entonces liquidaban a cualquiera por apenas la sospecha de ser opositor, muchos de los cuales aún yacen desaparecidos y ausentes – Informe de la Comisión de la Verdad, CIDH – por lo que hechos como los reseñados arriba solo pueden suponer el grave retroceso que pueda en algún momento implicar que de nuevo el estado salvadoreño abduzca, torture, asesine y desaparezca a quienes califica como su “enemigo interno”, expresión particular de la jerga de la doctrina de seguridad impuesta por el OAS, que la colaboración de los paracaidistas franceses asesores de las dictaduras militares, supuso la derivación de la estrategia del terror dirigida a mantener en cintura a los pueblos latinoamericanos desde el asalto a la Moneda, entre las décadas de los 70’s. 80’s y buena parte de los 90’s, y de la que los militares y sectores más recalcitrantes son afectos.
Por otro lado, resulta útil al régimen aparentar en el actual momento, que el aparato de justicia realiza la plana, cuando su credibilidad simplemente es inexistente desde el autogolpe del 1º de mayo, momento en que fuera cooptado por activistas del oficialismo y es por tanto carente de legitimidad, siendo además utilizada esta medida para distraer mediáticamente a la población de la escalada de inseguridad que nos abate, y que supone una nueva sangría para quienes son desaparecidos en la actual coyuntura y la incontestable angustia consecuente para sus familias, a quienes sencillamente el estado no da ninguna respuesta, como tampoco justicia para los que fueran desaparecidos.
En tales circunstancias, el régimen prefiere distraer con este capítulo de su novela, buscando conservar el respaldo de las mayorías dentro de un colchón mediático que no supone ninguna solución tácita a la problemática anacrónica que nos afecta, y de la que es fuente el modelo de inequidades y desigualdades que se conserva, y que tampoco el actual gobierno esta dispuesto a desmontar sin importar los costes en vidas o el retraso que suponga conservar los privilegios de apenas el 1% de la población[BM/FMI/BID].
El silencio que le seguirá a este ejercicio sin sentido solo anticipa más impunidad, y por supuesto, la evasión de los verdaderos receptores de las coimas referidas.
*Educador salvadoreño
