Por: Guillermo Alvarado.
El asesinato hace unos pocos días de Roberto Toledo, el cuarto comunicador mexicano ejecutado en lo que va del año, pone de relieve todas las dificultades que persisten hoy día para transformar un país que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia y la corrupción sin frenos.
Matar a quien se atreve a decir la verdad ha sido recurrente en el hermano país latinoamericano y no es en absoluto una práctica nueva, como lo demuestra el atentado mortal que sufrió en 1984 el destacado columnista Manuel Buendía por sus investigaciones sobre malos manejos de determinados funcionarios.
Buendía, por cierto, también estaba en los objetivos de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, porque en su columna Red Privada, que se publicaba en el diario Excélsior, desenmascaró a varios agentes y casas operativas de esa organización de espionaje.
Lo cierto es que es ya muy larga la lista de periodistas muertos por el ejercicio de su profesión y en los pocos años del mandato de Andrés Manuel López Obrador, AMLO por sus iniciales, no se ha podido contener ese mal y muchos casos permanecen en la impunidad.
En total 42 comunicadores perecieron en los últimos cinco años en esa nación según diversos informes y el 2022 no podría empezar de peor manera.
Además de Toledo, quien colaboraba con el medio Monitor de la ciudad de Zitácuaro, estado de Michoacán, en enero fueron ejecutados Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, próximo a la frontera con Estados Unidos, y José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz.
En todos los casos el común denominador fue la publicación de denuncias y evidencias de corrupción por parte de funcionarios locales.
La muerte de Lourdes Maldonado causó gran consternación porque desde 2019 ella había denunciado ante López Obrador que su vida estaba en peligro, por lo que se le incluyó en un programa de protección especial, lo cual no impidió que un asesino solitario la ejecutara a plena luz del día.
Este tipo de violencia se incrementó en México desde que el ex presidente Felipe Calderón -2006 a 2012- cedió a las presiones de Washington y declaró la guerra al narcotráfico, que es uno de los principales corruptores en nuestra región por el enorme poder financiero que tiene.
En este singular conflicto, Estados Unidos aportó las armas de los dos bandos enfrentados y México puso el territorio y los muertos directos y colaterales.
No es una tarea fácil y nadie puede esperar que de un plumazo, o por decreto, se resuelvan los graves problemas acumulados durante décadas, por lo que toca apoyar los esfuerzos que se hacen para borrar del mapa la corrupción y la violencia que trae aparejada.
