Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Transcurridas un poco más de dos semanas desde que se impusiera el estado de excepción al país, abusos y excesos de parte de autoridades parecen ser la norma que se impone desde el gobierno.
Y es que la respuesta del régimen a las pandillas pareciera ser “llevar la basura bajo el tapete”, conduciendo a cualquiera con dudosa referencia, y preferiblemente pobre, a detención carcelaria.
Así en apenas días los ya saturados penales ahora rebosan con una sobrecarga que supera por mucho sus capacidades, exponiéndose a mayores índices de violencia, enfermedades y desnutrición, así como de más resentimiento de parte de la población detenida, que redundará en más violencia social en la medida que sea liberada.
Así el remedio propuesto por la administración resulta peor que la enfermedad.
Ni que decir además de los abusos que las patrullas militarizadas hacen de la población joven en los barrios y colonias populares, con detenciones arbitrarias, apartados de la mirada de los mayores, en las que golpes e insultos denigrantes son el lenguaje que utilizan para hacerse entender de estos.
O las amenazas vedadas que el cooptado aparato judicial recibe del propio ejecutivo, que demanda de este una renovada mano dura para con los detenidos, de quienes además y sin dudar asegura “solo un 1% puede haber resultado equivocadamente detenida”, pues a su entender parece ser, la pobreza es el sello incontestable de la criminalidad, olvidando que apenas unas semanas atrás el mayor responsable de la planeación de la masacre en la UCA, como del saqueo de la banca salvadoreña por intermedio de prestanombres, y luego del show de apariencias montado en la asamblea legislativa, simplemente se escurrió bajo sus narices, con todo y su corbata más los recursos sustraídos, hacia Italia, desde donde saluda alegre el circo que nos entretiene desde la administración.
Por supuesto sin que la flamante FGR sea capaz de lograr la extradición de este o cualquier criminal y saqueador de nuestro país refugiado fuera.
Aún más grave, el que los recursos de la administración sean dirigidos contra defensores y defensoras de los DDHH, a quienes sin ningún embague ha en algún momento identificado con el enemigo interno, que, por reseñar y acusar las graves faltas cometidas por el régimen al violentar la normativa vigente, los tratados contraídos y la propia constitución, a la que ha atentado negándola o reinterpretándola de acuerdo a sus necesidades e intereses, mientras militarizó al país, recreando las condiciones de los años 70’s, cuando el país era el de ellos, los entonces dueños de cafetales y riqueza, y el resto, la podredumbre, así, expresada con desdén, pues es la población expoliada desde siempre, y siempre menospreciada, que espera silenciar mediante estas medidas, para que no proteste, para que se trague los abusos, e incluso los aplauda, acallando a sus defensores, a la ley y al deber ciudadano.
Así las cosas, pareciera este un episodio de alguna de esas series apocalípticas, en las que la sociedad es finalmente domesticada, y se ha reducido a simplemente existir.
*Educador.
