El estado de excepción que se planteó como una medida excepcional en El Salvador debido a un incremento de homicidios en marzo lleva más de dos meses en vigor.
Por: Marcos González Díaz
En estas pocas semanas, las autoridades dicen que han detenido a 35.000 personas supuestamente vinculadas con las pandillas, lo que ha duplicado el número de recluidos en las cárceles del país
Según el presidente, Nayib Bukele, es esta actuación de «mano dura» la que explica que las cifras de asesinatos se hayan vuelto a reducir en algunos días hasta cero.
Pero organizaciones humanitarias critican duramente que muchas de estas detenciones se hagan de manera «totalmente arbitraria» y sin respetar ningún tipo de garantías para los arrestados gracias al estado de excepción vigente.
Tras varias semanas de investigación en el país centroamericano, Amnistía Internacional presentó este jueves un informe en el que documentó una treintena de casos en los que se demuestran «violaciones masivas de derechos humanos», detenciones realizadas sin evidencias sólidas de pertenencia a las pandillas y violaciones al debido proceso judicial.
En entrevista con BBC Mundo, su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, destaca la necesidad urgente de poner fin a estas medidas excepcionales al considerar que no ofrecen justicia a las víctimas de las pandillas y critica que Bukele, que lleva tres años como presidente, no haya cumplido con su palabra de respetar los derechos humanos en el país.
¿Cuál es el balance que hace Amnistía Internacional de este estado de excepción decretado en El Salvador hace ya más de dos de los meses?
Sin lugar a dudas, estamos frente a un contexto no visto antes en términos de la masividad de las violaciones a derechos humanos. Las propias cifras del gobierno establecen que se han detenido en este período a 35.000 personas. Esto duplica la población de personas privadas de libertad que había en El Salvador, que ya de por sí era enorme y de gran preocupación debido a las condiciones de hacinamiento en las cárceles.
Antes era el segundo país del continente con la tasa de población carcelaria más alta, 562 personas por 100.00 habitantes, solo después de Estados Unidos. Pero hoy, con 1.150 personas, ya lo ha superado. Estamos hablando que casi del 2% de la población adulta del país se encuentra privada de la libertad. Es muy alarmante.
¿En qué condiciones y por qué motivos se están realizando estas miles de detenciones?
Lo que hemos encontrado a través de la documentación de casos, testimonios y entrevistas con familiares, organizaciones y funcionarios, es que se están realizando detenciones masivas sin el mínimo requerimiento legal, sin una orden de aprehensión administrativa o judicial.
Este régimen de excepción brinda una herramienta a la policía para detener personas simplemente porque son percibidas con el estereotipo estigmatizado que ha creado el propio presidente Bukele.
¿Quiénes son esas personas?
Es gente joven que vive en comunidades marginalizadas, en situación de pobreza o en zonas controladas por una pandilla. Son personas que tienen tatuajes, que tienen familiares en pandillas o que son señaladas simplemente a través de líneas anónimas de teléfono o internet para que sean detenidas.
¿Cómo están siendo los procesos judiciales para estos miles de detenidos?
Hemos documentado audiencias donde se presentan ante las autoridades entre 300 y 500 personas con una sola defensora pública, que ni siquiera tuvo posibilidad logística de revisar los casos. La mayoría de personas son enviadas a través de la prisión preventiva a una situación prolongada de detención, sin que se hayan iniciado juicios con sentencia firme contra ellas.
Antes ya había un rezago procesal en donde casi el 35% de la población carcelaria se encontraba en prisión preventiva prolongada sin juicio, no se sabía si eran culpables o no. Si ahora sumas estas 35.000 personas, es un panorama bastante complejo. Este régimen de excepción se utiliza como excusa para no realizarse procesos judiciales bajo las normas de un juicio justo y de presunción de inocencia.
¿Cuál es la situación en las cárceles salvadoreñas a día de hoy? ¿Es una bomba de tiempo de cara al futuro cercano?
Nosotros no hemos tenido acceso a las cárceles en esta ocasión, como ninguna de las organizaciones de derechos humanos que conocemos aquí en El Salvador. Pero si se ha duplicado esa población carcelaria en centros que ya en algunos casos tenían el 250% de hacinamiento…. Eso es simplemente imposible de imaginar, o sea, físicamente a mí me parece imposible.
Además, cabe recalcar que en este régimen de excepción ya han muerto 23 personas bajo custodia del Estado. Es verdaderamente grave.
Entonces, ¿es esta una estrategia completamente errónea frente a la violencia de pandillas?
La situación de seguridad ciudadana en El Salvador requiere de un enfoque prioritario de respuesta y de atención, pero también de prevención, que hoy día no estamos viendo en estas políticas que parecieran más un capricho del presidente Bukele.
En lugar de responder de manera efectiva a la violencia de las pandillas, Bukele está sometiendo al pueblo de El Salvador a una tragedia. Sobre todo, sabiendo que son políticas repetitivas de gobiernos pasados que han sido totalmente fallidas.
Pero las cifras de la Policía Nacional muestran que, en estos dos meses, ha habido varios días con cero homicidios. Incluso una semana seguida. ¿No ha contribuido este estado de excepción a mejorar la seguridad, como dice el gobierno?
Hay que recordar que las pandillas no están siendo desarticuladas, simplemente están siendo contenidas a través del régimen de excepción porque se ha generado un temor fundado en las comunidades.
En todo caso, el régimen de excepción -que pareciera que no es una excepción, sino una forma de gobierno- también pone en descubierto que no hay una verdadera política de seguridad integral. ¿Qué pasó estos tres años con el famoso Plan Territorial de Bukele? Quiere decir que más bien esa política no funcionó, y ahora se tiene que recurrir a políticas fallidas de contención frente a una situación de violencia.
Y cabe mencionar también el informe periodístico del medio independiente El Faro sobre lo que habría sido la razón de ese pico de homicidios que se da en un fin de semana de marzo: la ruptura de una negociación entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Entonces, eso supone que el régimen de excepción no es para proteger la seguridad ciudadana, sino una venganza a esa ruptura de la negociación.
El estado de excepción fue decretado oficialmente por ese aumento de homicidios. ¿Cuál es la justificación del gobierno para prorrogarlo dos veces si los asesinatos ya disminuyeron?
No tiene ninguna justificación, más que una suerte de capricho por parte de Bukele de seguir extendiéndolo porque eso le ha generado una especie de exacerbación de la popularidad. Este régimen de excepción tiene un efecto de propaganda para Bukele y por eso se ha prorrogado.
Sin duda, la población salvadoreña ha estado sometida a violencia. Y este tipo de líderes utilizan ese populismo punitivo de presentar soluciones simplistas a complejos problemas que no se resuelven de esa manera. Quiere mostrar a la ciudadanía que están atendiendo el problema de seguridad y que están castigando a los pandilleros, que se está previniendo que estas personas salgan y que se les maltrata como consecuencia de los actos cometidos.
Muchos salvadoreños defienden que estas medidas de «mano dura» son una de las mejores opciones para traer justicia a las víctimas de las pandillas.
Las víctimas de violencia de pandillas merecen justicia, pero eso se logra con investigaciones y procesos justos que lleven a una condena efectiva.
Son necesarias entidades, instituciones autónomas fortalecidas en su autonomía y en su infraestructura técnica y financiera, para que se lleven a cabo investigaciones imparciales, expeditas sobre los crímenes cometidos y aquellos perpetradores sean traídos ante la justicia.
Lo cierto es que la población salvadoreña sigue apoyando masivamente la gestión de Bukele en torno a un 90%, según las últimas encuestas. Y una de las respuestas más comunes que realizan a mensajes de organizaciones internacionales como este informe de Amnistía Internacional es que ustedes no conocen ni sufren la realidad que ellos viven cada día en el país. ¿Le preocupa este pensamiento de buena parte de los salvadoreños?
Sin lugar a dudas, sobre todo porque toda esta narrativa construida por Bukele ha generado un ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos y los ha utilizado como si fueran el enemigo de la población, como si no fueran necesarios para la vida de las personas y eso nos parece sumamente peligroso.
Esto genera un ambiente de violencia y hostigamiento en contra de personas defensoras y de periodistas. Hay una intencionalidad de deslegitimar la credibilidad de las organizaciones que históricamente han puesto la cara por el pueblo salvadoreño, cuando las propias autoridades han violentado sus derechos.
Volviendo al informe de Amnistía Internacional, ¿cuáles son los casos de vulneración de derechos humanos más graves que encontraron durante estas semanas en El Salvador?
Un caso sumamente devastador es una familia en la que detienen a la madre, una hija y un hijo. Este último, relativamente joven y sin problemas de salud, muere bajo custodia de las autoridades unos días después de su detención.
Un hermano se entera de su muerte porque una funeraria se presenta en su casa para comunicarle la muerte y ofrecerle sus servicios. Primero les habían dicho que había muerto como consecuencia de un enema pulmonar y ahora el certificado dice que tuvo que ver con una infección parasitaria.
La familia cuenta con un pequeño negocio donde hacen pupusas, registrado legalmente y con comprobantes de ingresos, pero pese a todas las pruebas presentadas de que no tienen vínculo con pandillas, la madre y la hermana continúan detenidas. El hermano ha tocado todas las puertas para tener información de ellas, porque lo que nos dice es que no quisiera tener que enterrar también a su madre y hermana como hizo con su otro hermano.
¿Cómo está afectando a los menores de edad el hecho de que se haya disminuido la edad de responsabilidad penal a 12 años por la reforma del Código Penal que acompañó a este estado de excepción?
Se han detenido a 1.190 menores de 18 años, que han sido enviados a centros de resguardo. Aquí hay una clara estigmatización a la juventud. Se ha construido una narrativa de que las personas adolescentes y jóvenes son los criminales, cuando la propia información del Estado dice que solo el 10% de la población juvenil dentro de los centros de internamiento participa en actividades vinculadas a las pandillas.
Son niñas y niños que viven en situación de pobreza, marginalizados en comunidades donde están sujetos a reclutamiento forzado y que hoy día, en vez de protegerles, se les está castigando a través de estas detenciones.
¿Durante su visita a El Salvador pudieron reunirse con Bukele?
No, lo solicitamos pero hubo un silencio como respuesta. En 2019, días después de haber tomado posesión como presidente, yo pasé casi dos horas en reunión de trabajo con él donde le trasladamos nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos. Él se comprometió a muchas cosas, como a liderar una política de seguridad integral que no repitiera las fallidas estrategias del pasado.
Tres años después, ha incumplido de forma reiterada con su palabra, con sus promesas y con sus compromisos en materia de derechos humanos, generando una altísima preocupación sobre el futuro del país.
Antes mencionaba las investigaciones de El Faro sobre supuestas negociaciones entre gobierno y pandillas. ¿Puede y debe el Ejecutivo de un país con las características de El Salvador mantener esos contactos con estos grupos para tratar de acabar con su violencia?
Esa pregunta la tienen que responder las víctimas de las atrocidades y los crímenes cometidos por las pandillas. Lo que sí creo importante es que los gobiernos den explicaciones sobre este tipo de negociaciones.
Independientemente de si el diálogo puede ser efectivo o no como una medida de mitigación de la violencia generalizada, este tendría que ser transparente. Si se hace a puertas cerradas y con esta opacidad, termina siendo una complicidad. La población tiene derecho a estar informada y las autoridades tienen la obligación de rendición de cuentas.
Fuente: www.bbc.com
