DESAPARICIONES FORZADAS.

Desde el pasado conflicto armado que padeciera nuestro país en la década de los 80’s, este ha sido un fenómeno que ha afectado a nuestra sociedad continuamente, al grado que el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas lo reseña, con un número que rondaría las 15, 000 víctimas que durante aquel conflicto habrían sido sustraídas por los cuerpos de seguridad para ser torturadas, asesinadas y finalmente desaparecidas.

Aquello como sabemos quedó en la más absoluta impunidad como todos los crímenes que los agentes del estado salvadoreño en aquel período cometieron.

El modus operandi de los cuerpos de seguridad, entiéndase escuadrones de la muerte, organizados por el ex mayor Roberto Daubuisson, costeados por las élites financieras de acuerdo a aquel informe como otros por separado, y equipados por el propio estado, no elegían al azar a sus víctimas sino por razones políticas, para luego sustraerlas públicamente, logrando así el efecto deseado en la población: el terror.

Es decir, entonces fue utilizado como una herramienta para acallar las demandas por justicia social de parte de la población mediante el terror, terror a las macabras torturas implicadas que fueran descritas crudamente en varios informes que abordan el tema, incluida la fundación Jimmy Carter, así como a desaparecer, con lo que ello implica para el círculo cercano de las víctimas.

Tan aberrante era aquella práctica que incluso fueron desechados los restos en fosas dentro de los cuarteles, lo que fuera denunciado durante la administración Flores, cuando se descubrieron huesos en medio de unas obras de restauración que se adelantaron en el cuartel central de la ahora PNC, y el propio presidente denegará las demandas de familiares de desaparecidos la debida investigación, calificando a aquellos desechos socarronamente, como “huesos de pollo”, zanjando así el asunto.

Es decir; los antecedentes del fenómeno que nos ocupa, son tan graves y extensos, que lo que nos sucede en estos precisos instantes como sociedad, es apenas una sombra de aquellos mismos antecedentes, pero que se siguen sucediendo porque son una práctica institucionalizada e impune, que por extensión la actual administración niega procurando desmarcarse, alegando precisamente que es una praxis pasada y no de esta gestión, tal cual observamos en el caso de Chalchuapa, cuando un ex agente policial fuera descubierto por la última de sus víctimas, casualmente, revelando así su “extenso trabajo».

Al negar su responsabilidad, la administración actual impide la justicia a las víctimas del pasado, encubriendo a los victimarios, que descarados demandan olvido en la misma sede de la asamblea legislativa donde el montaje es tan vulgar y denigrante, que descarnadamente el estado bajo la conducción del actual régimen, busca anular toda responsabilidad por los crímenes del pasado y de paso, anular por negación los actuales.

Así las cosas, el pacto entre el actual gobierno y las estructuras terroristas, principales responsables de las desapariciones forzadas actualmente, hace del estado y de nuevo, el responsable último por dicho delito, al tolerarlo continuamente, ocultándose tras una narrativa que tampoco podrá sostenerse por más tiempo.

*Educador.