Según un comunicado de la Policía Federal (PF), la operación denominada «Acceso pago» comenzó en la mañana del miércoles para «investigar la práctica de tráfico de influencia y corrupción para la liberación de recursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación, vinculado al Ministerio de Educación».
Las autoridades no confirmaron el nombre de los primeros detenidos, pero de acuerdo con la edición digital del diario Folha de Sao Paulo y el portal G1 de O Globo, entre ellos están Ribeiro y otro pastor, Gilmar Santos. Otro líder religioso próximo a Bolsonaro, el pastor Arilton Moura, figura igualmente en la lista de órdenes de captura expedidas por la Justicia, según la prensa local.
«Con base en documentos, interrogatorios y el informe final de investigación preliminar sumaria de la Contraloría General de la Unión, reunidos en pedido policial, fueron identificados posibles indicios de práctica criminal para la liberación de recursos públicos», apuntó la nota de la PF.
Las trece órdenes judiciales de allanamiento y las cinco de detención en los estados de Goiás (centro), Pará (norte) y Sao Paulo (sureste) y el Distrito Federal de Brasilia fueron emitidas por la 15ª Sala Federal Criminal de la Sección Judicial de la capital brasileña y la investigación corre bajo sigilo. «Otras medidas cautelares diversas, como prohibición de contactos entre los investigados e involucrados también fueron determinadas por la Justicia», agregó la PF.
El escándalo «erosiona la imagen del presidente Jair Bolsonaro y debilita aún más el discurso del jefe del Ejecutivo Federal, quien siempre insistió en que no hubo corrupción en su gestión», recuerda G1.
Recursos para pastores de iglesias pentecostales afines al Gobierno
Las autoridades recordaron que el crimen de tráfico de influencia tiene pena prevista de dos a cinco años de reclusión y en el proceso «son investigados también hechos tipificados como corrupción pasiva (dos a doce anos de prisión), prevaricación (tres meses a un año) y abogacía administrativa (uno a tres meses).
En abril, la Fiscalía General manifestó que no había «elementos suficientes» que justifiquen la apertura de una investigación contra Bolsonaro por las sospechas de irregularidades en la liberación de esos recursos por parte del Ministerio de Educación.
Las irregularidades denunciadas causaron en marzo la renuncia de Ribeiro, el entonces titular de la cartera y también pastor de una iglesia presbiteriana. Las denuncias salpicaron a Bolsonaro, quien llegó a mantener reuniones con los dos pastores y fue citado en un audio por el entonces ministro, por lo que opositores solicitaron al Supremo Tribunal Federal (STF) investigar también al líder ultraderechista.
Las sospechas nacieron a partir de un audio obtenido por el diario Folha de Sao Paulo, en el que Ribeiro comentaba que los presupuestos del Ministerio de Educación tenían entre sus prioridades los proyectos que impulsan pastores de iglesias pentecostales afines al Gobierno.
Las denuncias de las irregularidades fueron ratificadas por tres alcaldes de pequeños municipios del interior del país, que dijeron ante una comisión del Senado que los pastores Santos y Moura se presentaban como miembros del equipo de Ribeiro y exigían comisiones para liberar recursos del Ministerio de Educación para sus ciudades.
