El Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no lleva registro de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción que han fallecido y a las que se les ha practicado autopsia.
La agencia de noticias Efe solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la CSJ un informe sobre estas autopsias, pero en su resolución, fechada el 21 de junio, apunta a que es información inexistente. La entidad proporcionó un memorando emitido por Agustín Alfredo Campos, jefe del Departamento de Información Estadística del IML, quien señala que «es información no existente».
La Fiscalía General de la República (FGR) declaró «inexistente el reporte estadístico» sobre las ordenes de captura emitidas y las detenciones.
Afirmó que el médico forense o perito «es incompetente de afirmar que los cuerpos en estudio pertenezcan o no a una persona privada de libertad, motivo por el cual lo solicitado es información no existente».
Esta es la tercera instancia estatal que dice no poseer el registro de cuántas personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido bajo custodia estatal.
El Ministerio de Salud respondió a una solicitud similar de información que «no se cuenta» con los datos de las personas privadas de libertad, en el marco de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo, que han fallecido en hospitales públicos.
«La información que se requiere no es una variable que recolecta este Ministerio, por ende no se cuenta con la misma», indicó la UAIP del Ministerio de Salud en su resolución.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) declaró «inexistente el reporte estadístico» sobre las ordenes de captura emitidas y las detenciones, además de la cantidad de personas detenidas y fallecidas.
La Fiscalía alegó que «no se encuentran generados reportes estadísticos» a raíz de que «las bases de datos del sistema automatizado se encuentran en proceso de actualización».
De acuerdo con organizaciones humanitarias, son unas 46 personas las que han fallecido bajó custodia estatal durante el régimen de excepción, aprobado por el Congreso desde finales de marzo tras una escalada en los homicidios.
Abraham brego, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal, indicó el lunes que entre estas muertes hay indicios que «se presumen son ejecuciones extrajudiciales» o fallecidos con enfermedades que tuvieron «atención deficiente» y cuya «responsabilidad» es del Estado.
Según el presidente Nayib Bukele, se está cerca de ganar las «guerra contra las pandillas» con la detención de más de 41.000 personas, de las que ha dicho que el 1 % podrían ser arrestos erróneos.
