La semana pasada trascendió que está ya lista para aprobación una ley de justicia transicional que incumple principios básicos. Se prometerán, y en parte se darán, compensaciones monetarias, pero la verdad, la justicia, la reparación y las medidas que garanticen la no repetición de los hechos quedarán severamente recortadas.
Los archivos militares estarán protegidos de cualquier revisión e investigación judicial. Y la institución encargada de dar seguimiento a las medidas de reparación no solo tendrá mayoría gubernamental, sino que los ministerios de seguridad y defensa participarán en ella. Es decir, los militares tendrán voz y voto para decidir a qué víctimas reparar, convirtiéndose así en juez y parte. Dada la total resistencia del Ejército a reconocer públicamente los crímenes del pasado, solo cabe esperar que sus representantes no tendrán ninguna simpatía por la justicia y la verdad.
La Comisión de la Verdad estableció que aproximadamente el 85% de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra fueron responsabilidad de la Fuerza Armada. En este sentido, blindar los archivos militares no solamente impide conocer la verdad, sino que niega la justicia más básica. Además, se les otorga a los militares un trato de superioridad y privilegio que niega la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 3 de la Constitución. El cierre de archivos discrimina a las víctimas y favorece a la institución que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en El Salvador.
Premiar a quienes han cometido delitos no logra otra cosa que facilitar que esos delitos se repitan. El hecho de que la Fuerza Armada nunca haya querido pedir perdón institucionalmente por su pasado es muestra de su dura insensibilidad ante la víctimas y de su soberbia antidemocrática. Porque más allá de esa insensibilidad y esa soberbia, nada impide que los militares pidan perdón. Las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile lo hicieron. Si bien Mauricio Funes formuló una petición genérica de perdón, nunca se ha roto el historial de complicidad gubernamental con los militares.
Cuando hay tensión entre el fuerte y el débil, entre la institución que victimiza y las víctimas, proteger a estas e investigar a aquella es el único camino decente. Si la Fuerza Armada quiere estar presente en cualquier instancia que trate de reparar a las víctimas, antes tiene que pedirles perdón a nivel institucional y abrir sus archivos. En otras palabras, antes debe demostrar en la práctica deseo de colaborar en el establecimiento de la verdad. Sin verdad no hay justicia ni auténtica reparación.
