Por razones desconocidas esta cifra luctuosa de América Latina y el Caribe es “reducida” a más de la mitad por las ONG dedicadas al “negocio de la libertad de información”. De este modo, la monopólica caja de resonancia de los grandes medios del mundo entero da a conocer menos asesinatos de informadores de los realmente ocurridos en esta región donde no existe ninguna guerra. Para contrarrestar esta funesta desinformación al final se ofrece “La lista contra el olvido”, con los datos elementales, nombres completos, edades, lugares de trabajo, fecha del asesinato, circunstancias del crimen, etc., para mostrar que estas 42 víctimas fueron personas reales… que se desempeñaban como periodistas, fotógrafos, locutores, editores y oficios afines.
Según el orden alfabético de los nombres de los otros ocho países, un asesinato ocurrió en Chile (el primero en más de 30 años, aún sin aclarar), otros dos acontecieron en Colombia, uno en El Salvador, dos en Guatemala, cinco en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Venezuela, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
También hubo centenares de denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato, golpizas, espionaje telefónico del Gobierno de México a los periodistas, amenazas de muerte, además de muchos otros atentados similares en diferentes países de la región, en particular México y Honduras. La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción de la clase política y su principal financista de hoy, el narcotráfico (sin perjuicio de otros poderosos actores del gran delito) elimina sistémicamente a periodistas libres, críticos y éticos. Esta “limpieza permanente” se efectúa con total impunidad, en complicidad con sistemas políticos envilecidos por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no existe ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social con crecimiento envidiable en presuntos “países democráticos” supuestamente “emergentes” encaminados al “desarrollo”.
Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países que en realidad padecen bastante anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima, pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del Gobierno con tecnología israelí.
El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para autodefenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado. En cambio trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos.
Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México.
Ciap-Felap registra todos los atentados a trabajadores de prensa de los que tenga conocimiento, procurando datos completos sobre identidad, edad, lugar y circunstancias del asesin ato, pero no tiene capacidad para hacer un seguimiento judicial de los móviles específicos de cada caso, ni verificar las interpretaciones, explicaciones o pseudo “investigaciones policíacas científicas”, a modo de ejemplo bastante frecuentes en las fuentes oficiales mexicanas. (Ernesto Carmona, presidente de Ciap-Felap).
