El 30 de septiembre pasado, el Gobierno de El Salvador presentó el anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El presupuesto tiene ahora un monto de $8,902 millones, un incremento de un 11.7% con respecto al año anterior. Como ya es costumbre, el Gobierno todavía no ha publicado el documento que contiene el presupuesto y, por tanto, la ciudadanía aún no puede conocer cuáles son las prioridades de inversión del Ejecutivo.
Más allá del tema de la transparencia del presupuesto y del cada vez más difícil acceso a la información pública, hay también otras problemáticas urgentes que siguen sin ser abordadas, pero que ocasionan la pérdida de vidas humanas y el deterioro sistemático de las condiciones de vida de la población, por lo cual requerirían de una mayor inversión y de un abordaje amplio a través de políticas públicas. Por ejemplo, hace unos días, la Dirección Nacional de Protección Civil informó que, durante la estación lluviosa, en El Salvador han fallecido 30 personas: 12 de ellas soterradas, 16 arrastradas por ríos, una arrastrada hacia un tragante y otra impactada por un rayo. Además de las lamentables pérdidas de vidas humanas, Protección Civil registra cientos de viviendas dañadas y otros daños en carreteras o infraestructura pública. Todos los años, El Salvador se ve afectado por fenómenos naturales que exacerban la alta vulnerabilidad en la que vive gran parte de la población salvadoreña y que arrebata, año tras año, la vida de muchas personas. Según el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidad, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017, “En El Salvador el 88.7 % del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, lo cual lo hace unos de los países más vulnerables del mundo” (P.8).
De igual manera, entre todo el ruido sobre el tema de la reelección presidencial o sobre la obediencia absoluta que se le debe rendir al partido de gobierno, el aumento al costo de la vida ha continuado sin dar tregua, aunque haya combustible o gas subsidiado. De acuerdo con datos del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), la canasta básica, de enero del 2021 al mes de agosto del 2022, ha aumentado en la zona urbana $39.71 y en la zona rural $37.79. La inflación de los 22 productos que conforman la canasta básica es del 17% en la zona urbana y en la zona rural es de un 20%. El CDC también señala que el aumento de la canasta básica ha ocasionado que la población sustituya el consumo de productos como leche, huevos, carne o pollo por otros alimentos altos en carbohidratos, como las pastas, lo que ocasionaría una mayor incidencia de enfermedades. De hecho, para el 53.8% de la población salvadoreña, según la última encuesta de Fundaungo, el problema más grande que enfrenta el país es la economía.
Como vemos, estos son solo un par de ejemplos de problemáticas que afectan el día a día de la población salvadoreña y que, por supuesto, no es posible abordarlos ni solucionarlos a través de la propaganda o de la grandilocuencia discursiva. Aunque se desconozcan los detalles del presupuesto para 2023, es posible aventurarse a decir desde ya que las carteras de Seguridad y, especialmente la de Defensa, seguramente han sido tratadas con especial privilegio en la asignación presupuestaria, al igual que las comunicaciones de la Presidencia de la República, pues parece que esto sí es necesario para mantener el proyecto de acumulación de poder y de privilegios que han construido el presidente Bukele y sus aliados. Sin embargo, si de verdad desde el Estado hay conciencia de que es necesario hacer algo para mejorar la vida de las personas, es necesario que esto se refleje con la importancia y la prioridad necesaria en el presupuesto general del Estado.
Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 106.
