La debacle en la formación policial: la ANSP a la deriva

La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) nace en uno de los capítulos de los Acuerdos de Paz, los que algunos propios y extraños no quieren aceptar, como que la guerra no fue una tragedia y como que la paz no nos trajera algunos beneficios, amén de no acometer en forma directa el principal problema de la nación, el económico, es decir, a los oligarcas.

Por: Mario Federico Cuéllar

Sí, los oligarcas, ellos son los culpables que sigamos subdesarrollados, ellos se quedan con la riqueza que se genera, ellos están detrás de la permisividad de la corrupción, ellos manejan los bajos salarios, ellos operan la justicia a su antojo, el contrabando, la evasión y elusión de impuestos, debido a ellos no hay inversión social, simple…..y complejo a la vez.

Bien o mal, la Academia ha hecho su trabajo lo mejor que puede, ha formado por 30 años toda la planta actual de policías de todos los niveles, ascensos, especializaciones, etc. Ha intentado mejorar los procesos académicos elevando la calidad, ha modificado programas de estudio, y la planta de docentes hasta 2021 y mediados del presente 2022 estaba formada por profesionales con comprobada experticia técnica, experiencia docente a nivel superior, habilidades psico-pedagógicas, acreditados por universidades reconocidas en el país y un desempeño reconocido internacionalmente, y desde 2010 un evidente refuerzo en el área humanística, que tanta falta nos hace, particularmente a los policías que fueron introyectando (incorporando actitudes, ideas, creencias) que ser “GRP era lo mejor”, es decir, ser parte del grupo élite Grupo de Reacción Policial era “lo máximo”, idea que sigue en el inconsciente no obstante lo mal que terminó (remitimos al lector a buscar Carla Ayala en la web, la compañera asesinada por sus mismos colegas).

En este punto hay que agregar que el policía común cree que él es el único responsable de la seguridad, la salvación de la ciudadanía, sin tomar en cuenta que la seguridad es un concepto complejo que involucra a diferentes variables e instancias de un Estado; las variables son las sociales, económicas, legales, y las instancias son las que deberían subsanar todo lo concerniente a la seguridad ciudadana, que supera a la seguridad pública. La primera es un concepto amplio que asegura al ciudadano trabajo, comida, legalidad, techo, educación, esparcimiento, salud, retiro digno.

La seguridad ciudadana es un proceso en el que el orden civil tiene protagonismo para eliminar la violencia, no es el gobierno solo el que la garantiza, se necesita la colaboración de la población en el amplio sentido de la palabra, no únicamente como denunciando o como llamante a un teléfono (“pone dedo”), sentido en que la coexistencia pacífica se considera un bien público. No basta con reducir delitos, sino de una estrategia pluridisciplinaria para mejorar la calidad de vida de la población. Es la única manera de prevenir los delitos.

La seguridad pública es un concepto más reducido, y aunque ciertamente le compete a la policía, difícilmente va a funcionar si no se satisfacen las seguridades alimentaria, de justicia, laboral, de estudio, de salud, de jubilación, etc. como se apuntó antes. Estas aclaraciones son necesarias porque en la formación policial deben ser tomadas en cuenta, dado que si al policía se le forma pensando en que la única y exclusiva vía de mantener el orden es la represión, se le estará engañando, y peor si tal misión se le encarga a soldados, militares de cualquier nivel, ya que un mando del ejército también es un soldado independientemente del rango que ostente.

Al respecto, en la ANSP están sucediendo cosas inverosímiles, primero, el caso de un señor llamado Daniel Martínez, Sociólogo, asesor del Ministerio de Seguridad Pública, se ha colado en el Consejo Académico, para “dar órdenes”, lo cual además de ser ilegal es absurdo; lo normal sería que fuera parte de dicho consejo, pero al no serlo refleja autoritarismo y prepotencia al interior dado que su figura no está en la ley de la ANSP. Por supuesto, hablar de ley en las actuales circunstancias puede causar hilaridad, o, frustración, o cólera, o impotencia. Habrá que ver qué hace ese señor dentro del Consejo Académico, por qué y para qué ha sido enviado.

Segundo, se está planteando la idea o “proyecto” de reducir la formación policial a 4 meses, sí, cuatro meses, lo que es equivalente a lo que están los reclutas en un cuartel, donde lo único que aprenden es disparar un arma de guerra y obedecer ciegamente órdenes, sin ley, sin reflexión, sin pensamiento, sin crítica, sin saber por qué deben hacer tal o cual cosa. Esto lleva a emular que un policía es equivalente a un soldado, o lo que es lo mismo, un soldado disfrazado de policía.

Tercero, se están eliminando de los programas de estudio materias elementales, importantes y necesarias como Ética y Derechos Humanos, que han sido la base de la Policía Nacional Civil, palabra última que ha tenido una férrea oposición desde que la PNC nace dado el influjo “militaroide” que ha tenido desde su surgimiento, por el hecho de que quienes la dirigieron desde el comienzo y han vuelto, con sus mismos nombres y apellidos, son la cuota militar proveniente de la Fuerza Armada, ellos han dictado los designios y los siguen dictando hoy en día.

Cuarto, la Academia había entrado hasta 2019 en una proyección académica distinta, la cual comenzó a desmontarse poco a poco; se había proyectado el técnico, el tecnólogo y la licenciatura en Ciencias Policiales (de esto abundaremos más adelante), lo cual se pretende reducir a cero, pese a que el Ministerio de Educación tiene la documentación que legaliza el proyecto que le permitiría dar el salto de calidad. Dicen fuentes cercanas a la institución que la idea es “congelar” en el MINED el proyecto de modernización de la enseñanza policial, pedir “prórroga” para que después vaya cayendo en el olvido, y así regresar al pasado, donde la policía y todo el orden era regido por militares.

Podría tratarse de una conspiración, un complot, un arreglo para que la Academia deje de ser autónoma y pase a formar parte de la policía, vulnerando el espíritu de los Acuerdos de Paz y las razones lógicas, legales, humanas y de país para que ambas funcionen separadamente aunque de la mano porque hay una interdependencia. Policializarla, es decir, llenar todos los puestos con policías en desmedro del personal civil que está en la esencia y doctrina de la Academia.

Quinto, es indudable que existen muchos policías capaces, idóneos, profesionales y democráticos, pero la pregunta del millón es si ellos son los maestros que la Academia ha llevado en este momento, ya que se ha llenado de policías elevando el costo de su estadía ahí por los “sobresueldos” que hay que pagarles, esto debido a que un alto porcentaje de profesores de alta calidad académica fueron “forzosamente” separados de sus cargos, en base a la edad, sin ninguna prueba de capacidad, estado de salud, evaluación al mérito, sin probar absolutamente nada más que comprobar que su edad rondaba los 60 años. Ello, de acuerdo al retiro forzoso al que forzaron a la Academia cuando era solo para la policía (valga la redundancia).

En resumen, la formación policial corre un grave peligro, un grave riesgo; esto contradice la modernización de primer mundo que varios personeros del gobierno actual pregonan, incluido el presidente, porque es un retroceso monumental. Será que se está retrocediendo como muchos dicen en otras áreas del quehacer estatal? Juzgue usted.

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