La liberación de más de doscientos presos políticos por parte del régimen nicaragüense supuso un pequeño respiro de esperanza en la dinámica de atropellos y totalitarismo impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los ahora acogidos en suelo estadounidense no solo fueron desterrados, sino también despojados de su nacionalidad.
Los que no aceptaron dejar Nicaragua, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, pagan caro lo que fue leído por el régimen como una nueva afrenta al poder. La condena a más de 26 años de prisión para el prelado, dictada en un juicio a la medida del capricho del dictador, suscitó la condena internacional, a tal grado que incluso llevó a que la jerarquía de la Iglesia católica por fin se pronunciara, una reacción que se merecen igualmente los presos políticos menos conocidos. Por las lecciones que arroja, es útil recordar el recorrido que ha llevado a Ortega y Murillo a encabezar una dictadura de tintes norcoreanos.
Si se contabilizan los años en que Ortega estuvo al frente de la junta revolucionaria de gobierno (de 1981 a 1984), los de su primera gestión como presidente (de 1985 a 1990) y los que lleva ininterrumpidamente como mandatario (16, desde enero de 2007), el nicaragüense ha rebasado los 26 años en el poder. En 2006 asumió la presidencia luego de ganar unas elecciones precedidas de reformas constitucionales que se adaptaron al techo electoral de su partido. Una vez en el Ejecutivo, procedió a desmontar la institucionalidad democrática para continuar mandando sin impedimentos. Puso bajo su dominio al poder legislativo, al poder judicial y al poder electoral. La institucionalidad pública pasó de ser controladora del ejercicio del poder a facilitadora de las decisiones presidenciales.
Después vinieron elecciones con fraudes cada vez más evidentes y descarados. Se prohibió la observación internacional y se minó el camino de eventuales competidores electorales. Ortega está ya en su quinto período de cinco años como presidente y el cuarto consecutivo, después de elecciones antidemocráticas, ilegítimas y sin credibilidad. Con el tiempo, Ortega ha pasado a convertirse en un dictador de manual. Adquirió radios, televisoras y periódicos, y a los diarios que no pudo comprar les cerró el suministro de papel para que no pudieran imprimir o les anuló los permisos de operación. Clausuró, además, más de un millar de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas de ayuda humanitaria, por considerarlas peligrosas para la estabilidad del país. Arremetió contra la Iglesia católica cuando esta denunció las injusticias; expulsó o cerró la entrada al país a sacerdotes y religiosas.
Barrió de la mesa a toda figura que representara una amenaza a su poder; inhabilitó legalmente a candidatos para participar en elecciones y posteriormente los encarceló inventándoles cargos. Lo último es el destierro de opositores, a quienes les quitó la nacionalidad para garantizar que no puedan ser sus adversarios nunca más. De este manera, solo se puede ser opositor al régimen viviendo fuera de Nicaragua. Por el momento, Ortega y Murillo reinan a sus anchas, pero la historia muestra que las dictaduras no terminan bien. Con sus dictados y violencias, Ortega sigue acercándose al momento de su caída.
