En el año y más que bajo el régimen de excepción se nos ha mantenido, se detuvo a más de 60, 000 personas, supuestos miembros del terrorismo doméstico, sucediéndose además varias vejaciones en contra de la sociedad civil, por pate de agentes del estado.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Y es que, al parecer, estos consideran al régimen de excepción una suerte de cheque en blanco que les permite hacer sin mayor miramiento.
Consideremos por ejemplo dos comentarios que el actual director de la PNC hiciera en dos momentos diferentes:
“…los agentes de policía son jueces en la calle…”
“…los periodistas que informaron en torno a los pactos entre las pandillas y el gobierno realizaron apología del delito y serán por ello procesados jurídicamente…”
Palabras más o menos.
Ambas frases son un sin sentido que devela la carencia de criterio del funcionario, peor aún, porque descubre además con crudeza que la suya es una visión medievalista de la realidad, y en consecuencia gravemente limitada y hasta oscurantista, por lo que sin duda su mayor referencia para el cargo es precisamente estas limitaciones, muy a la medida del régimen que lo utiliza para realizar ese trabajo.
Pero aclaremos; la labor de juzgar debe realizarla un elemento ajeno a los eventos, un juez, lo que asegure además de imparcialidad, objetividad, sin que ello contamine su humanidad; por otro lado y en el caso concreto de la segunda frase, es esta un craso atentado en contra del más elemental de los derechos que la democracia asegura: la libre expresión, pues por un lado son los periodistas quienes permitieron confirmar en la ciudadanía un secreto a voces: la complicidad entre funcionarios y el crimen organizado, un delito por definición, lo que implica que tratar de ocultarlo, como lo intenta el funcionario en cuestión con sus amenazas, es también por principio otro delito, el de conspirar abiertamente para ocultar tales faltas.
Eso nos lleva al tema de fondo.
Los ciudadanos muertos bajo detención del estado suponen una extensión del fenómeno que nos ocupa, los abusos que diferentes funcionarios han cometido en el equívoco de suponer que pueden hacerlo.
Así tenemos al director de la PNC expresando sinsentidos, y por extensión sus subordinados, quienes han malinterpretado aquello de la disciplina y lo que supone.
La disciplina nunca supone subordinar el sentido común, abandonando en consecuencia el libre albedrío y la conciencia.
Los funcionarios que se han excedido tanto en la calle como en los recintos carcelarios son tan o más delincuentes que aquellos a los que custodian, pues por su condición de funcionarios públicos deben abrazar los altos valores de la República, lo que supone enseñar con el ejemplo a los que se supone delincuentes, que hay otra vía, y comienza con la redención.
Por otro lado, está el espinoso tema del estatus de los asesinados en detención: al no ser vencidos en un proceso formal son inocentes, por lo que el estado es responsable ulterior del asesinato de ciudadanos inocentes.
Y eso, eso no quedará impune.
*Educador salvadoreño
