“…asumirlo supone un retraso económico para el país…”
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Es la lacónica sentencia del ejecutivo ante el cuestionamiento periodístico al no suscribir al país a este tratado.
Pero, este acuerdo, abrazado alegremente por los estados más progresistas y desarrollados de la región, ¿por qué suscita tal resquemor de parte del régimen?
El tratado de Escazú es un tratado regional que apertura el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales del país, América Latina y el Caribe.
Supone así una genuina democratización de los temas medioambientales, donde las comunidades directamente afectadas por las implicaciones del expolio medioambiental podrían sentando posición sobre los mismos, avalar o no los tales ante los tribunales, lo que implica que la propiedad per sé no supone ya un justificativo para hacer como plazca al propietario simplemente por los beneficios que obtendrá, pues en el escenario de Escazú, todos los afectados tendrán voz y voto.
En tal escenario se ahoga el trillado discurso que ampara los vejámenes medioambientales en el supuesto del beneficio público, que en los más de los casos han servido a intereses privados, es decir, para quedar claros: se ha beneficiado al sector privado.
De repente, al suscribirnos a la definición que le dieran los mandatarios que lo vieran nacer en Argentina, donde 25 países de los 33 que componen a Latinoamérica y el Caribe lo han suscrito, le dan sentido a la malicia con la que el régimen reprime a medioambientalistas y defensores de DDHH, en el concreto caso del liderazgo de Santa Marta.
También dan sentido a la expropiación de las propiedades de campesinos tanto en el oriente del país como en la costa, bajo el paraguas de dedicarlas al desarrollo de la nación cuando en la práctica han sido transferidas tanto a privados como a algunos elementos muy particulares del oficialismo.
Consideremos, reflexionemos por un instante, que supone adherirnos como estado al acuerdo de Escazú.
El acuerdo es por definición abierto, implicando que ningún sector podrá arrobarse el principio de representatividad de la sociedad en pleno, por lo que suscribirse supone una genuina democratización participativa en el mismo, en la que el gobierno, cualquier gobierno, no podrá por ley administrar unilateralmente los así vistos por el acuerdo como bienes naturales, siendo en cambio todos los implicados y afectados llamados a participar, y decidir sobre los mismos.
Partiendo de esto, los históricos defensores del medio ambiente, las comunidades originarias, vistas en el marco anterior como los principales valedores del medio ambiente, son el adversario a vencer por parte del poder oligárquico, militar y trasnacional, por lo que las políticas represivas manifiestas en los cercos militares a las mismas, el encarcelamiento de su dirigencia, la difamación y las falsas acusaciones, son las medidas impulsadas por estos para silenciarlas e inhabilitarlas.
Sin embargo y al margen de estas consideraciones, lo cierto es que el acuerdo de Escazú solo supone beneficios y utilidades para nuestra sociedad, por lo que, visto así, lamentablemente asistimos a otro equívoco del régimen.
*Educador salvadoreño
