No es posible porque los datos compilados no pueden develar una opinión objetiva de parte de la población encuestada, pues están contaminados por la atmósfera represiva provocada por el estado de excepción establecido desde hace más de un año por el régimen.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Partamos del hecho de que la primera víctima del tal estado de excepción no fueron las pandillas, ha sido la libertad de expresión.
Es así porque el estado de excepción es una figura establecida en nuestra ley de manera transitoria en el tiempo, de ningún modo permanente, para durante ese tiempo utilizar los recursos del estado para anular la amenaza que lo originó, implicando ello que perpetuarla es en términos jurídicos una perversión, una aberración de su propósito, pues al conservarse vigente desconoce y anula fundamentales derechos de la población, configurándose así en una herramienta de represión hacia esta.
A esto debemos sumar el hecho incontestable de que la evidencia demuestra que la narrativa oficial en torno a haber desarticulado a las pandillas no refleja la verdad, pues hasta 40,000 miembros de estas continúan operando abiertamente, al amparo de los arreglos que con el régimen mantienen, lo que se evidencia al asegurar y no haberse detenido a las dirigencias de estas, o recuperado las armas con las que delinquen, mientras los chantajes, la renta, los secuestros y desapariciones de ciudadanos se siguen practicando sin que el régimen se haya aplicado para contenerlos.
Esa atmósfera ha degenerado entre la población una mezcla de emociones, no solo la aprobación por la aparente seguridad que supuso siempre ajena, pero también un desmedido temor por hacer algo, cualquier cosa que pueda atraer la atención indeseada de las arbitrarias autoridades.
Esto es así porque los recursos del estado además se han utilizado para perseguir a elementos indeseables para el régimen, para citar solo algunos ejemplos, los dirigentes de Santa Marta, Monseñor Rosa Chávez, elementos del anterior gobierno, periodistas, intelectuales, académicos y pobladores en general, a quienes el régimen y sus subordinados reprimen, registrándose varios casos en los que militares y policías han cometido violaciones descaradamente, o chantajeado a los ciudadanos por razones varias, por arbitrio puro.
La más descarnada evidencia de ello deriva de la propia figura presidencial, cuya característica más distintiva es la intolerancia y por supuesto, su incapacidad de dialogar.
Tales conductas por extensión han sido practicadas en todos los niveles de la presente gestión, de ello dan cuenta los hasta 23,000 ex funcionarios separados despótica y arbitrariamente de sus cargos sencillamente por haber sido nombrados en estos en administraciones pasadas, lo que sustenta el señalamiento de arriba.
Podemos entonces calcular a partir de estos hechos, que en los actuales momentos los resultados de cualquier encuesta no son fiables, pues contaminados como están por las circunstancias, podemos presumir que no transparentan objetivamente la opinión ciudadana, que está atemorizada por lo que pueda suceder en su contra por hablar apenas.
Quién sabe, si es así, tal vez el pueblo en su silencio sea sabio.
*Educador salvadoreño
